Por: Redacción/

Dadas las graves violaciones a Derechos Humanos y daños incuantificables al medio ambiente por parte de mineras canadienses, el diputado Fernando Rubio Quiroz exigió a los gobiernos de México y Canadá tomar medidas al respecto, entre ellas dejar de darles apoyo para que ya no hagan de nuestro territorio un cochinero y, en cambio, sancionarlas conforme corresponda por ello.

En el marco de la visita del Primer Ministro de Canadá, Justin Pierre James Trudeau, a nuestro país, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Coordinador de Desarrollo Sustentable del GPPRD en la Cámara de Diputados exhortó a las instancias de ambas naciones a hacer de este hecho un tema de Estado y no un espectáculo mediático basado en el carisma y empatía del otawense.

“Nuestra responsabilidad, como legisladores, es garantizar el derecho a un medio sano, pero lo más importante es defender a todas nuestras comunidades, a todos estos pueblos del abuso del sector extractivo. Por ello, de manera enfática y contundente exigimos al gobierno federal no permitir que se siga insultando nuestra soberanía para mantenernos en el Tratado de Libre Comercio”, manifestó en conferencia de prensa.

Rubio Quiroz informó que desde el miércoles pasado solicitó audiencia con el gobernante canadiense para plantearle esta problemática, pues, como en el caso del gobierno mexicano, no se vale que sea “candil de la calle y oscuridad de su casa” al hablar del mejoramiento o de políticas públicas de otras naciones mientras sus empresas violan la legalidad medioambiental y niegan fenómenos evidentemente dañinos, como el cambio climático, derivados de algunas actividades económicas.

Por el contrario, su gobierno debería crear en su país un organismo con fuertes atribuciones y facultades para recibir demandas de grupos o individuos afectados por esas empresas, ya sea dentro o fuera de las fronteras canadienses.

A su vez, el gobierno mexicano –agregó el también secretario de las Comisiones de Minería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados- debe suspender las ayudas y privilegios a esas empresas hasta que detengan y subsanen sus perjuicios a las comunidades y a su entorno ambiental.

El legislador del Sol Azteca –quien ha presentado iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema- destacó que el sector minero es uno de los más cuestionados en el mundo por sus impactos sociales y económicos. En el caso de México, los proyectos de esta industria generalmente se realizan sin consulta previa o, incluso, con la oposición de comunidades afectadas.

Sus promesas de empleo, desarrollo, bienestar y prosperidad en realidad se han traducido en mayor pobreza, depredación ambiental y violación a Derechos Humanos. Así lo evidencian datos del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, según el cual 28% de denuncias por violaciones graves a los Derechos Humanos y al menos 37 conflictos sociales en México derivan de la actuación de 169 empresas mineras.

Entre ellos están el de Minería San Xavier, en San Luis Potosí; el de Caballo Blanco, en Veracruz; Diana, en Guerrero, y San José del Progreso, en Oaxaca.

Éstas, como otras, operan en áreas naturales protegidas, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros de sus perjuicios.

En este escenario, Rubio Quiroz insistió en que todas las acciones legales e institucionales deben ir enfocadas a reducir el impacto negativo de la minería canadiense dentro o fuera de sus fronteras. Por lo mismo, la visita de Trudeau no debe tratarse como un tema de farándula, sino como una verdadera oportunidad para mejorar la relación económica y sus consecuencias en ambas naciones.