Por. Redacción/

Un grupo de expertos independientes de la ONU en Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Venezuela que tome medidas urgentes para remediar las “alarmantes condiciones de vida” que se viven a causa de la crisis política, económica y social.

“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas”, señalan los relatores en un comunicado conjunto.

“Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, añaden.

Según estos expertos, en 2016 más del 50 por ciento de la población venezolana vivía en la pobreza extrema, una cifra que “sin duda ha aumentado si se considera que la inflación alcanzó más del 2,400 por ciento en 2017”, subrayan.

Calculan que, a finales del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica.

 

Más de un millón de venezolanos desnutridos

 

Los expertos consideran que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregan que muchas personas están desnutridas.

“Las estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1,3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,” destaca Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

Además de la falta de comida, el desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud “está provocando muertes que se podrían prevenir”. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida.

“Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas”, señala Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.

“Los Estados deben garantizar, como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas, y el suministro de medicamentos esenciales, en particular para los grupos que se encuentran en una situación médica vulnerable”, añade.

Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llama la atención sobre los desalojos forzosos.

“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle” dijo la experta. “Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”.

El grupo de relatores explica que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis.

 

Llamamiento al Gobierno

 

Por todo ello, piden al Gobierno “que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico”.

En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales*.

“Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”, subrayan.

“Exhortamos al Gobierno a re-examinar las políticas y decisiones que han llevado a Venezuela, un país rico, a esta crítica situación de derechos humanos.”

Por último, aseguran que no pueden “dejar de señalar que estas violaciones de derechos” suceden en un contexto de “debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.

 

 

Crisis de refugiados en Colombia

 

Miles de venezolanos que huyen de la crisis han cruzado la frontera hacia Colombia. El Sistema de Naciones Unidas en este país está apoyando al Gobierno de Colombia en la respuesta humanitaria.

“Estamos comprometidos con brindar una atención a las personas que han cruzado la frontera y se encuentran en situación vulnerable”, subrayan en un comunicado. “Es un imperativo moral y un acto de humanidad tenderle la mano a quienes hoy están en esta situación”.

Además de atender las necesidades de los recién llegados, la ONU velará porque se respeten los derechos humanos y se les otorgue protección.

La ONU ha pedido a la comunidad de acogida que eviten “la estigmatización de las personas que cruzan la frontera respondiendo a una necesidad extrema”. “La hermandad entre el pueblo colombiano y venezolano tiene que prevalecer”, concluyen.

* La carta al Gobierno de Venezuela de los expertos en Derechos Humanos y la respuesta por parte del Gobierno serán publicadas en los próximos días en https://spcommreports.ohchr.org/ , antes de la sesión 37va del Consejo de Derechos Humanos, que se inicia el 26 de febrero.