• La extensión de facultades al INM para realizar estas revisiones en todo el país, es una violación al principio de legalidad y al derecho a la nacionalidad.

Por: Oscar Nogueda/

El Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a desechar el proyecto de sentencia AR 275/2019, con el objetivo de evitar otorgar atribuciones al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar revisiones migratorias a la población mexicana en todo el territorio nacional.

Este proyecto, elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, implicaría que ciudadanos mexicanos tuvieran que acreditar su nacionalidad ante agentes de migración, por medio de una identificación o por una entrevista donde se otorguen elementos que la acrediten.

“Esta propuesta es preocupante ya que concede facultades de revisión al INM que no están previstas en la Ley de Migración y viola el artículo 11 de la Constitución mexicana. La aprobación del proyecto implicaría un retroceso en materia de derechos humanos, pues presume que todas las personas en México somos extranjeras y en consecuencia debemos acreditar nuestra nacionalidad ante agentes del INM”, apuntó el IMUMI.

La Ley de Migración indica que las revisiones migratorias a mexicanos pueden realizarse en las fronteras internacionales, asimismo el artículo 11 constitucional señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Esta revisión jurídica es consecuencia de la detención de cuatro personas indígenas tzeltales en septiembre del 2015. Durante una revisión migratoria en Querétaro, agentes de migración los detuvieron porque “no parecían mexicanas”, por lo que fueron trasladas a la estación migratoria del estado.

Durante su estancia de una semana en el centro de detención, la familia fue hostigada y torturada para firmar documentos donde acreditaban ser de nacionalidad guatemalteca. Cabe destacar que las víctimas no hablaban español y no contaron con un traductor durante su proceso.

“Desde 2015 se han realizado diversas acciones para poner fin a las revisiones migratorias en carretera, todas discriminatorias, racistas e inconstitucionales, y generar medidas de no repetición”, comentó el IMUMI.

Para la organización, la extensión de facultades al INM para realizar estas revisiones en todo el país, es una violación al principio de legalidad y al derecho a la nacionalidad.

Cabe destacar que , durante estas revisiones, los agentes migratorios aprueban, bajo su percepción, quién es una persona mexicana. El Instituto detalló que no existe una apetencia única de una persona mexicana, por lo que esta decisión tendría como resultado la detención arbitraria de ciudadanos que no consideren mexicanos.

Por ello, solicitaron a la SCJN a evitar esta extensión de facultades y garantizar la libre circulación de las personas en el país.