Por: José Sánchez López/

En febrero de 2003, un certero balazo en el cuello acabó con la vida de uno de los comandantes más sagaces, poderosos y sinvergüenzas de México: Guillermo González Calderoni.

Meses antes, desde Estados Unidos, donde se convirtió en testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA), amenazó con regresar a nuestro país para denunciar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y presentar las pruebas necesarias que lo llevarían a la cárcel.

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Sin embargo el jueves 6 de febrero, al filo del mediodía, un solitario gatillero, con un solo disparo de una pistola calibre 9 milímetros, atravesó la ventanilla polarizada del auto que conducía el ex jefe policíaco, un Mercedes Benz y lo hirió mortalmente. Fallecería horas más tarde en el McAllen Medical Hospital, en Texas.

González Calderoni había huido de México en 1993, para librarse de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y delitos contra la salud. A partir de entonces se convirtió en informante de la agencia antidrogas estadunidense.

Alfonso Cantú, portavoz de la policía de McAllen, dijo que el homicida había sido un hombre negro, que huyó del lugar a bordo de un automóvil gris, con placas del estado de Louisiana.

González Calderoni era acompañado por una persona cuya identidad nunca fue revelada, lo mismo que sus declaraciones, por lo que los detalles del crimen sólo fueron conocidos por las autoridades norteamericanas.

Calderoni, quien fue considerado como uno de los comandantes más corruptos de la Policía Judicial Federal, señalado como protector de narcos, secuestrador, asesino y traidor, al ser protegido por la DEA, cada vez que la justicia mexicana advertía que sería traído a México para que respondiera por sus delitos, acusaba a quien fuera su hacedor y principal protector: Carlos Salinas de Gortari y a presentar las pruebas necesarias para encarcelar al ex presidente.

 

Sus amenazas no se limitaban al ex mandatario, sino a muchos otros funcionarios mexicanos y aseguraba que si llegó a cometer crímenes, fue solamente para cumplir órdenes de sus superiores.

De esa manera, confesó haber espiado al Partido de la Revolución Democrática y a sus principales líderes; haber servido de mediador entre Raúl Salinas de Gortari y Juan García Abrego para que asesinaran a Javier Ovando y Ramón Gil, así como  muchos otros “pecadillos” más.

Guillermo González Calderoni, nacido en Reynosa, Tamaulipas, en 1949, en pañales de seda, hijo de un importante funcionario de Petróleos Mexicanos y de una modelo de origen italiano, no fue el clásico policía rudo, inculto, bronco, sino un personaje de modales finos, con pleno dominio del inglés y francés, merced a la educación que recibió en los mejores colegios particulares.

A diferencia de su progenitor, que era un magnate en los negocios, González Calderoni decidió incursionar en el Servicio Público. Sus primeras experiencias como empleado menor, fueron en Petróleos Mexicanos y ya como funcionario de cierto nivel, en el Registro Federal de Vehículos. No obstante en ninguna de las dos dependencias destacó, por lo que enfocó su mira hacia las corporaciones policiacas.

En 1983, gracias a las relaciones que hizo cuando trabajó para el RFV y, desde luego  a su preparación académica, ingresó como jefe de grupo a la Policía Judicial Federal, cuando el doctor Sergio García Ramírez fungía como procurador general de la República.

Durante los nueve años que permaneció activo en las filas de la citada corporación, estuvo bajo la supervisión y las órdenes de los procuradores Enrique Álvarez del Castillo e Ignacio Morales Lechuga.

Uno de sus mejores amigos, maestro y protector, fue el comandante Carlos Aguilar Garza, al que ejecutaron años más tarde. En su momento se comentó que el crimen había sido ordenado por el mismo González Calderoni.

Sus jefes y compañeros, fueron personajes tan singulares como Javier Coello Trejo, “El Fiscal de Hierro”; los hermanos Christian y Salvador Peralta Pérez y Mario Alberto González Treviño, acusado de asesinar a la luchadora social, Norma Corona Sapíen.

También los hermanos José María y José Luis Larrazolo Rubio, Elías Ramírez Ruíz, Amado Nava Ramírez, Héctor Arturo Rojas, Guillermo Robles Liceaga, Miguel Angel Silva Caballero, “El Chicochangote”; Manuel Gutiérrez Béjar, Bernardo González Urtuzuástegui, Luis Esteban García Villalón, Emilio López Parra y Fernando de la Sota Rodalléguez, entre otros.

Una de las características principales de dichos jefes policiacos, es que todos ellos, en determinado momento, se vieron involucrados en hechos delictivos y algunos inclusive, fueron ejecutados en narcoajustes, al establecerse que a pesar de estar ligados a determinada organización criminal, traicionaron a sus jefes y se pusieron al servicio de sus enemigos.

Comedido y atento hasta el servilismo con sus superiores, pero altivo y déspota con sus subordinados, Calderoni escaló rápidamente diferentes cargos para convertirse en “X-1”, es decir segundo en jerarquía después del subdelegado judicial federal.

Así, ocupó diferentes plazas en Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Cancún, Quintana Roo, donde estableció contacto con los principales narcotraficantes de México, pero de manera especial con los hermanos José, Juan y Humberto García Abrego, jefes del Cártel del Golfo, aunque antes sirvió a Amado Carrillo Fuentes, cuando éste aún no se consolidaba como “El Señor de los Cielos”.

Fotografía: internet

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Este tipo de relaciones le permitieron cobrar cientos, miles y millones de dólares por concepto de protección a los diferentes capos de las drogas en el país, aunque su primer trabajo importante lo llevaría a cabo el 24 de abril de 1987.

Al respecto, Calderoni dijo que él sólo cumplió en la ejecución de un importante operativo para capturar a Pablo Acosta Villarreal, alias “El Zorro de Ojinaga” o “El Pablote”, pionero de lo que al paso del tiempo se transformaría en el Cártel de Juárez.

Sin embargo, trascendió extraoficialmente que Amado Carrillo Fuentes le había pagado 3 millones de dólares para que asesinara al capo, de quien se dijo que había muerto durante un enfrentamiento al resistirse a su captura. La autopsia reveló que había sido muerto de un balazo en la cabeza, a manera de tiro de gracia.

Con su muerte, Amado Carrillo ascendió en jerarquía dentro de la organización pero aún le estorbaba su jefe Rafael Aguilar Guajardo, ex comandante de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y de la Judicial Federal.

Este fue asesinado el 12 de abril de 1993 y el 31 de enero de 1994, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, murió acribillado el comandante Aguilar Garza. En ambos crímenes se mencionó la participación de Calderoni, a pedimento de Amado Carrillo Fuentes, para “limpiarle” el camino.

No obstante las circunstancias extrañas en que murió “El Zorro de Ojinaga”, para los protectores de González Calderoni, Enrique Álvarez del Castillo y Javier Coello Trejo,  así como para la Drug Enforcement Administration (DEA), fue un triunfo inobjetable.

El comandante Calderoni comenzaba ya a dar muestras del “superpolicía” que dijeron que era y fue ascendido a subdelegado (“Yankee”), siendo nombrado director de Asuntos Especiales.

Su trayectoria como sobresaliente policía apenas principiaba. El 5 de julio de 1989 detuvo al comandante Rafael Chao López, posteriormente al también comandante Frank Miller y luego al ex director de la Interpol,  Jorge Miguel Aldana Ibarra.

Pero su triunfo más sonado, fue sin duda la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”; capo de capos de la mafia, realizada el 18 de septiembre de 1989. Se dijo entonces que se había dado una más de las traiciones de González Calderoni.

A través de los años, entabló relaciones con Félix Gallardo e incluso, aunque el ex comandante lo negó siempre, llegaron a ser compadres. Ello, en su momento, le dio mayores libertades al capo para operar a gran escala y sin problemas.

Como ocurre en la captura de los grandes narcotraficantes, el gobierno estadounidense presionó al gobierno mexicano para que fuera capturado Félix Gallardo. La orden fue dada por Carlos Salinas de Gortari. La recibió Enrique Álvarez del Castillo y éste a su vez, la transmitió a Javier Coello Trejo, quien sabedor de las relaciones de Calderoni, lo llamó y le ordenó que se valiera del compadrazgo para llegar hasta el capo, a la vez que le advirtió que se trataba de una orden presidencial, por lo que no podía fallar.

Paradójicamente, tan sólo una semana antes de su captura, Félix Gallardo había compartido el pan y la sal con la plana mayor de la PGR y la PFJ, en lujoso restaurante de la Zona Rosa.

Con más de un centenar de hombres, el 6 de abril de 1989, Calderoni salió a Guadalajara, Jalisco, concretamente al fraccionamiento Los Arcos, llamado irónicamente por los lugareños como “Los Narcos”. Acordonó el lugar. Rodeó la residencia de Félix Gallardo y tomaron la casa por asalto.

Ante el exceso en las acciones, Félix Gallardo reclamó airado a Calderoni quien le dijo: “Compadre, me va a perdonar, pero se trata de órdenes del presidente. Hay presión de los gringos y no hay de otra. Así es de que me lo voy a jalar”.

Impotente y dolido por la traición, Félix Gallardo aceptó su derrota y sólo pidió que no tocaran a su esposa.  Para ello entregó 8 millones de dólares a su compadrito, quien no tuvo empacho en guardárselos y si bien no tocó a su comadre, si le permitió a su gente que ejecutara  la viciada práctica del botín de guerra, apoderándose de todo lo de valor que encontraron en el domicilio.

Las exigencias habían sido cumplidas y como premio, Coello Trejo lo designó director general de Operaciones Antinarcóticos. Fue a partir de ese puesto cuando entabló relaciones con funcionarios y elementos de la DEA, colaborando para detener a mexicanos y entregárselos vía fast track a las autoridades norteamericanas.

Uno de esos casos fue el del doctor Humberto Álvarez Machaín, quien fue prácticamente secuestrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por gente de González Calderoni, en acatamiento a las órdenes del agente de la DEA Claudio de la O., con quien el comandante mexicano colaboró en infinidad de capturas y traslados ilegales a la Unión Americana.

El galeno fue llevado a los Estados Unidos, acusado de supervisar las torturas a que fue sometido el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, “para que soportara más el castigo”. Se le sometió a proceso, permaneció varios años tras las rejas en una prisión estadounidense y finalmente fue totalmente exonerado.

Los mexicanos René Martín Verdugo Urquidez y Rubén Zuno Arce, éste último condenado a más de 250 años de prisión (murió a los 83 años en una prisión de Florida), fueron otros de los capturados de manera ilegal y llevados al vecino país sin que mediara ningún trámite oficial.

Otra de las detenciones ilegales en la que no hubo el pedimento oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la Procuraduría General de la República, fue la de Oscar Lewys Ray. Este hombre, según el FBI, era uno de los 10 delincuentes más buscados en el mundo, acusado de conspiración, homicidio, asalto y uno de los miembros más sanguinarios del grupo racista Ku Kux Klan.

Calderoni y su grupo, se habían convertido en “cazarecompensas” al servicio de las agencias norteamericanas.

Un de los logros que presumió, fue la captura de Gilberto Ontiveros, alias “El Greñas”, considerado como uno de los narcos más poderosos de la franja fronteriza norte. Esa aprehensión lo llevó a ocupar la titularidad de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR. Había llegado a alturas insospechadas.

Se encontraba tan ensorbecido que no reparaba en medios para alcanzar sus fines. Fueron muchos los casos en los que se le acusó de torturador. Fue entonces cuando se ganó el mote de “Memo Calentoni” por su manera de interrogar a los detenidos.

Uno de los asuntos que le valió incluso ser señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue el de los hermanos Quijano Santoyo.

A fines de diciembre de 1989, Francisco Flavio Quijano Santoyo, alias “El Avispón Verde”, ex comandante federal, estuvo a punto de ser detenido por varios de sus ex compañeros cuando llegaba al café “La Habana”, propiedad de su padre Francisco Quijano García, localizado en las calles de Bucareli.

El ex policía, quien había sido instructor de tiro del FBI, se opuso a su detención y mató a dos agentes federales e hirió a dos más.

González Calderoni, había creado Grupo “Tiburón”, por órdenes de Javier Coello Trejo. en el que figuraban como jefes Juan Carlos Ventura Moussong, hijo del comandante Florentino Ventura y Miguel Angel Silva Caballero.

Tras lo ocurrido en el café “La Habana”, los federales emprendieron una verdadera “cacería” de los miembros de la familia Quijano Santoyo.

Sus hermanos Erick Dante, Héctor y Jaime Mauro fueron asesinados 15 días después. El 14 de enero de 1990, Francisco Quijano García, padre de “El Avispón”  fue secuestrado y meses después su cadáver apareció dentro de la cisterna de una casa particular en San Juan de Aragón.

Inicialmente había sido detenido Jaime Mauro y llevado a los separos de López. En ese sitio fue torturado a tal grado que le arrancaron casi la totalidad de los dientes con pinzas mecánicas, le quemaron todo el cuerpo con cigarrillos y lo golpearon tan brutalmente en el pómulo izquierdo que le provocaron el estallamiento y la expulsión del ojo.

El tormento cesó, solamente cuando dio a los torturadores la dirección donde podría ser encontrado Francisco Flavio.

Casi un centenar de agentes del grupo Tiburón, salieron a Paseo de la Escondida, en el Fraccionamiento Ojo de Agua, Estado de México y tomaron por asalto la casa marcada con el número 1.

El informe oficial de la PGR, señaló que los tres hermanos Quijano Santoyo murieron al oponer resistencia y enfrentarse a los agentes, quienes se vieron obligados a repeler la agresión y los mataron.

La versión de vecinos y familiares, señaló que a Jaime Mauro lo llevaron casi agonizante a la referida dirección y tras arrojarlo frente a la entrada principal, advirtieron que lo matarían si los demás miembros de la familia no salían con las manos en alto.

Las esposas y los niños de los Quijano fueron los primeros en salir y cuando lo hicieron Erick Dante y Héctor, que ya habían lanzado sus armas en señal de rendición, fueron acribillados. Seguidamente, Silva Caballero, alias “El Chicochangote” se dirigió hacia donde estaba tirado Jaime Mauro y lo remató de un tiro en la cabeza. Después vino el saqueo y la rapiña de los federales.

Nadie que se hubiera atrevido a matar a un federal podía seguir vivo, vociferaba el entonces poderoso e intocable González Calderón, quien se hallaba en el pináculo de su carrera.

Por la brutalidad de los elementos policiacos, el caso cobró relevancia y fue conocido no sólo a nivel nacional sino internacionalmente ya que organizaciones defensoras de los derechos humanos de varios países, exigieron que se castigara a los culpables, pero no ocurrió nada.

A Calderoni también se le relacionó con el asesinato de la doctora Norma Corona Sapien y se dijo incluso que él había “puesto” a su amigo Mario Alberto González Treviño para que “cargara con el muerto”.

Durante su paso por la policía, había estrechado relaciones con los hermanos García Abrego, de quienes recibió, dijo uno de los testigos de cargo, no menos de 50 millones de dólares, no sólo por permitir el tráfico de droga sino además por escoltar cargamentos a través de todo el país, hasta hacerlos llegar a los Estados Unidos.

Su último “triunfo”, en julio de 1992,  fue la captura del narco Juan  Manuel Pineda Trinidad, uno de los siete barones de la droga más buscados en América, sin embargo su buena estrella comenzaba a eclipsarse.

Antes, en 1991 luego de que Javier Coello Trejo lo propusiera como agregado de la PGR en San Antonio, Texas, fue rechazado tajantemente por el gobierno de los Estados Unidos al señalarlo como uno de los principales protectores del Cártel del Golfo.

Los cambios registrados en la PGR y la llegada como procurador de Jorge Carpizo MacGregor, lo hicieron temer por su estadía dentro de la dependencia, por lo que el 15 de octubre de 1992 solicitó licencia como comandante de la PFJ y se fue a los Estados Unidos.

Sus presentimientos tuvieron fundamento. El 12 de febrero de 1993 la PGR dio a conocer que se había girado orden de aprehensión en contra de Guillermo González Calderoni por el delito de falsedad en declaraciones de situación patrimonial y se dijo que la fortuna del ya entonces ex comandante, ascendía a no menos de 400 millones de dólares, cifra que, obviamente, no hubiera podido reunir con su salario de policía, además de que poseía varios inmuebles y una empresa transportadora con una importante flotilla de tractocamiones.

Ocho meses después de que le había sido girada la primera orden de aprehensión, el 16 de octubre de 1993, la PGR informó de dos órdenes más de captura, por los delitos de tortura y abuso de autoridad, relacionados con el Caso Quijano y por contrabando y su equiparable, al poseer mercancía de procedencia extranjera, cuya introducción, estancia y tenencia no acreditó legalmente.

Durante casi un año, González Calderoni evadió a la justicia hasta que el 19 de septiembre de 1994 fue detenido en los Estados Unidos y confinado en una prisión de Hidalgo, Texas.

De inmediato la PGR formuló su solicitud de extradición y como soporte para ello, añadió las declaraciones de José de Jesús Felipe Victoria, periodista y escritor; de Marco Antonio Hernández Rosas, ex oficial de la Policía Federal de Caminos; María Laura Sánchez Islas, ex empleada administrativa de la PGR y del agente de la DEA Héctor Berrellez.

Empero, los “testigos clave” de la PGR, al declarar en la Corte de Estados Unidos, simplemente se retractaron de su dicho, argumentando que si habían declarado en contra del comandante Calderoni, al que ni siquiera conocían, era porque habían sido presionados y amenazados por funcionarios de la PGR y por el mismo procurador Jorge Carpizo MacGregor.

Al retractarse los acusadores, Calderoni fue absuelto de enriquecimiento ilícito y los magistrados Ramiro Barajas, Juan Miguel Garza y Enrique Serdán, ordenaron le fueran devueltos los bienes que le había confiscado la PGR. Siete meses después, en diciembre de 1994, Calderoni fue puesto en libertad mediante una fianza de un millón de dólares.

No obstante que fue exonerado y puesto en libertad, Calderoni ya no regresó a México y se quedó a vivir en Texas. acogiéndose al Programa de Testigos Bajo Protección de la DEA.

En junio de 2002, al conocer que la PGR podría volver a intentar su extradición a México, lanzó nuevas acusaciones en las que afirmó que Carlos Salinas de Gortari le pidió, a través de Javier Coello Trejo, que matara a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a lo que se negó rotundamente.

Y advirtió que, de recibir la protección necesaria, regresaría a México y aportaría todas las pruebas necesarias para poner tras las rejas a los siniestros hermanos Salinas.

-Mi interés es que las cosas cambien. A lo mejor me van a poner otra vez en la cárcel, pero no me importa, quiero a México quizá más que quienes están allá”, declaró entonces Calderoni a la televisión pública de los Estados Unidos.

Ocho meses después, caería abatido con un balazo en el cuello, que acabó de tajo con la leyenda de uno de los comandantes federales más polémicos en la historia de la Policía Judicial Federal