Por. Redacción/
Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, exigió a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frenar la depredación ambiental y del patrimonio prehispánico causada por empresas proveedoras de basalto y tezontle a la construcción del nuevo aeropuerto.
Indicó que ha proliferado la explotación de minas en varios municipios del Estado de México y en varios casos no existe autorización para ello, sin embargo, la extracción de material se lleva a cabo en áreas que fueron centros ceremoniales prehispánicos, otros ya fueron destruidos y la alta demanda de material representa una amenaza para acabar con varias decenas de cerros donde se encuentra el material pétreo.
El diputado federal del PRD sostuvo que por estos daños la responsabilidad alcanza al propio presidente de la República por las omisiones en que ha incurrido el gobierno federal a pesar de los múltiples llamados que han hecho comunidades afectadas y legisladores.
Explicó que realizó un recorrido por áreas afectadas por la actividad minera y por invitación de pobladores de la zona afectados, para lo cual se acompañó de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y habitantes de: Tecámac, San Martín de las Pirámides, Tepetlaoxtoc y Texcoco.
Con base en lo observado, el diputado federal urgió a dichas dependencias a detener los daños causados por empresas contratadas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) al explotar minas de basalto y tezontle que se utilizan en la cimentación de las pistas.
El llamado más enérgico lo dirigió al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, por las omisiones de esta dependencia en la supervisión sobre las acciones de GACM, pues no verifica que los proveedores de éste respeten la normatividad sobre protección al medio ambiente y cuidado del patrimonio cultural, por lo que permanece pasiva mientras esas empresas destruyen y devastan recursos naturales y restos prehispánicos en diversos municipios aledaños al proyecto al extraer los referidos materiales.
Al hacerse eco de las denuncias de los vecinos, Hernández Soriano señaló que estas omisiones de la SCT permiten la ilegal actuación de las empresas proveedoras, pues explotan minas sin contar con los permisos, por lo que también demandó la intervención de la Procuraduría General de la República para dar cauce a las denuncias que ya tenga iniciadas por la comisión de delitos ambientales.
Agregó que en el recorrido participaron habitantes de las comunidades de San Pablo Tecalco, Santa María Chiconautla y San Nicolás Tlaminca, así como Antonio Huitrón Santoyo y Salvador Pulido Méndez, delegado en el Estado de México y Director de Salvamento Arqueológico del INAH, respectivamente, ante quienes detallaron las afectaciones al patrimonio cultural, las amenazas de grupos de civiles armados, y las gestiones que han hecho ante las autoridades pero que no han logrado frenar la devastación.
Hernández Soriano reiteró el llamado enérgico para que el gobierno federal actúe en defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural, así como reforzar la vigilancia sobre las empresas que proveen de material a la multimillonaria obra.
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