Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) aseguraron que la violencia contra las mujeres debe ser un problema reconocido públicamente, además mencionaron que el Gobierno federal debe implementar políticas públicas que atiendan esta situación.

“Es una mala seña que el Presidente de la República diga que la violencia contra las mujeres no ha aumentado, cuando las líneas de llamadas de emergencia 911, da datos claros y no controvertidos”, dijo Tania Reneaum, Directora de Amnistía Internacional México.

El día de ayer, el Presidente López Obrador declaró que “en el caso de la violencia en general y contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo, son las denuncias que se nos presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) apuntó que el 78 por ciento de las mujeres que sufren violencia no denuncia ni buscan apoyo institucional.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP), se contabilizaron 115 mil 614 llamadas de emergencia por violencia de género en el mes de marzo, una incremento del 22.31 por ciento respecto a febrero.

Las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo revelaron que en el primer trimestre del 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, sólo 240 de estos crímenes se investiga como feminicidio.

Los estados con un mayor número de feminicidios son Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México.

En una carta abierta dirigida al Presidente de México y a la Secretaria de Gobernación, OSCs mencionaron que, desde el 2019, se ha reducido el presupuesto a programas con enfoque de género, tales como Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Salud Materna, Sexual y Reproductiva y el Programa pata promover la atención y prevención de la violencia contra la mujer.

La Red Nacional de Refugios ( RNR) indicó que los 69 espacios para brindar atención a víctimas de violencia de género se encuentran al 80 o 100 por ciento de su capacidad, además los distintos centros de apoyo no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria.

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) dio a conocer la suspensión de la entrega de los recursos presupuestados a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs), bajo el argumento de “no hay condiciones para proteger a los proyectos y a las beneficiarias”.

El 23 de abril del 2020, el Presidente emitió un decreto, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, por el cual se recortará el presupuesto asignado a todos los programas no esenciales del Gobierno federal

Ante esta situación, los organismos firmantes exhortaron al Ejecutivo Federal conocer si se garantizará los recursos económicos a los programas de atención y prevención de la violencia contra la mujer, con el objetivo de mantener la operación de los mismos durante y después de la epidemia.

En caso de no estar incluidos, solicitaron dar a conocer las medidas para garantizar un vida libre de violencia a las mujeres durante las medidas sanitarias.

Aunado a ello, pidieron al Presidente López Obrador transparencia y claridad sobre los mecanismos y montos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender la violencia contra la mujer durante y al final de la contingencia sanitaria.