Por Fernando Nava

La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), planteó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a las autoridades del ramo de las entidades federativas, a que instrumenten y fortalezcan las acciones y estrategias dirigidas a vigilar los centros de trabajo y, en su caso, sancionar a quienes contraten o permitan el empleo infantil.

Además, solicita a ambas dependencias federal y estatales a desarrollar y reforzar, coordinadas, los programas que permitan erradicar el trabajo infantil y combatir sus peores formas.

En su punto de acuerdo, Mónica Rodríguez puntualizó que el módulo de trabajo infantil 2015 revela que en el país actualmente trabajan 2 millones 475 mil 989 menores de edad.

Entre las peores formas de empleo infantil se ubican: todos los signos de esclavitud o las prácticas análogas a la misma, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños, en esas condiciones, para ocuparlos en conflictos armados.

También, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la elaboración de pornografía o actuaciones pornográficas y para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes.

Indicó que en México el trabajo infantil es una dolorosa realidad que está a la vista de todos. A nivel internacional se han realizado diversos esfuerzos para su erradicación, pero aún falta mucho por hacer; por ello, es vital reforzar dichas acciones e impulsar nuevas, con la finalidad de que el país sea ejemplo en materia de protección de los derechos de la niñez.

A nivel global, existen diversos instrumentos, como las convenciones sobre los Derechos del Niño y la 182 de la Organización Mundial del Trabajo; a nivel nacional, se tiene la Ley General para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó.

La diputada relató que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, reconoce la garantía de todo menor a estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o ser nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Consideró de vital importancia que México cumpla con todas las disposiciones de la Convención, ya que, como órgano de vigilancia, el Comité de los Derechos del Niño realiza exámenes periódicos sobre el nivel de cumplimiento que hacen los Estados miembros de las garantías reconocidas en dicho acuerdo, así como de las medidas y los progresos adoptados durante el período a evaluar.

Llamó a continuar con el trabajo legislativo en esta materia, ya que los Estados han asumido el compromiso de rendir cuentas, a través de la presentación de un informe cada cinco años, sobre los avances en la aplicación de lo dispuesto en la Convención.

De igual forma, consideró trascendente contemplar lo dispuesto en el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismo que ha sido firmado y ratificado por México, más cuando en su contenido tutela los derechos fundamentales de los menores de edad.