• El informe mencionó que aproximadamente un tercio de las fiscalías del país no contaban con peritos para realizar los dictámenes médicos-psicológicos basados en el Protocolo Estambul.

Por: Oscar Nogueda/

La Organización Mundial  Contra la Tortura (OMCT) dio a conocer que, en los primeros 18 meses de la administración del Presidente López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertos más de mil 259 casos por supuestos actos de tortura contra agentes federales, 522 iniciados en este sexenio. Del total de casos, tres llegaron ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria por estos hechos.

Según el Informe México: La Tortura y la Impunidad  se Agudizan en Tiempos de Pandemia de la OMCT y RED TDT,  en los últimos años, la tortura se ha convertido en una práctica recurrente, así como incrementó la vulnerabilidad y desprotección de las víctimas.

“En el caso del fuero local, sólo durante 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones. Solo en dos casos hubo cargos penales ante algún juez. Por su parte, una investigación realizada por la sociedad civil, basada en fuentes periodísticas recopiladas durante el 2020, reporta 944 actos de tortura, 709 episodios de descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 672 masacres y 519 casos de personas calcinadas, lo que muestra que las cifras de incidencia de hechos constitutivos de tortura siguen siendo muy altas”, apuntó OMCT.

Dentro del informe, la organización contempló varios problemas en la documentación, investigación y sanción en los casos de tortura. También, subrayó los problemas estructurales de las fiscalías para atender estos casos.

“Estos datos, además, hay que interpretarlos a la luz de un problema endémico de subregistro, vinculado a la elevada cantidad de personas que no denuncian por miedo a represalias, la falta de registros y otras causas vinculadas a la invisibilización del delito de tortura en el sistema de justicia criminal mexicano”, apuntó el OMCT.

En ese sentido, las fiscalías no inician investigaciones exhaustivas y eficaces ante la probable comisión del delito de tortura, a pesar de que cuenten con los motivos necesarios para realizarlo. También, tienden a minimizar los hechos y usan otros tipos penales de menor impacto, tales como lesiones, abuso de autoridad o malos tratos.

Al mismo tiempo, las investigaciones de este delito no incluyen un análisis de los responsables de la cadena de mando que ordenaron, permitieron y ocultaron la tortura. La organización reconoció un patrón de las fiscalías, en el cual realizan lo necesario para evitar llevar los casos ante un juez, desgastando a las víctimas  con varios no ejercicios de la acción penal.

“Hay una cifra elevada de personas víctimas de actos de tortura, así como de defensores públicos  que no se atreven a denunciar este tipo de hechos por el temor fundado de represalias, por resguardar su seguridad e integridad frente a amenazas de grupos criminales, funcionarios públicos locales involucrados. Continúa siendo un tema pendiente el resguardo de la seguridad y protección de víctimas, testigos y personas defensoras, así como la implementación de medidas y acciones concretas por parte de órganos de gobierno competentes, operadores judiciales, Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos y otros actores clave para que esto no ocurra”, externó la OMCT.

A pesar de que la Ley General en materia de Tortura contempla la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos dentro de los procesos judiciales, la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que los procedimientos penales pueden continuar, si las confesiones bajo tortura son utilizadas para culpar a otra persona distinta. Asimismo, la Primera Sala detalló que la violación a los derechos humanos derivado de la tortura no tiene impacto, por lo que no tiene trascendencia en el proceso penal.

Igualmente, la OMCT precisó que jueces y fiscales utilizan el principio de inmediatez procesal para “otorgar valor  probatorio a la primera declaración ante los cuerpos de seguridad”. Además, subrayó la falta de información e indicadores directos sobre las decisiones de las solicitudes de exclusión de pruebas ilícitas, el manejo de  las mismas en los procesos penales, así como no existen mecanismos de control y verificación sobre este tema.

Sobre los dictámenes médicos-psicológicos basados en el Protocolo Estambul.  El informe mencionó que aproximadamente un tercio de las fiscalías del país no contaban con peritos para realizar estos exámenes en el 2019. Además, sostuvo que las autoridades ministeriales continúan negando la importancia de los dictámenes independientes, los cuales deben ser gestionados y financiado por las víctimas.

Aunado ello,  destacaron las denuncias por la falta de independencia, imparcialidad  y rigor en estos dictámenes llevados a cabo por peritos oficiales. Por ello, se continúan con el ocultamiento de casos de tortura y malos tratos.

La OMCT retomó una investigación de especialistas en el Protocolo Estambul sobre los dictámenes médicos-psicológicos realizados por la FGR.  La revisión de 54 peritajes reveló errores de mala praxis,  práctica  técnica y práctica ética, los cuales son resultados de patrones que tienen el objetivo de ocultar casos de tortura y que contravienen los lineamientos de dicho Protocolo.

La Organización manifestó su preocupación por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno federal que minimizan la gravedad de la tortura en el país, esta situación es contraria a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura en el 2019.

“En los más de 2 años que lleva la actual administración, el gobierno federal ha manifestado en diversas oportunidades que la tortura ha sido erradicada en México y que se brinda apoyo a las víctimas de violencias y violaciones a derechos humanos, lo cierto es que la realidad dista mucho de estas afirmaciones”, finalizó la OMCT.