Por: Redacción/

El senador Daniel Ávila Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley Agraria, con el fin de establecer que si los ejidatarios cambian el uso de suelo de sus propiedades, tendrán que sujetarse a las leyes ambientales especializadas vigentes.

Ávila Ruiz dijo que con esta propuesta se pretende también eliminar el aspecto ambiental plasmado en 59 de la Ley Agraria, que atenta contra los derechos individuales de los ejidatarios, ya que les impide el acceso a su porcentaje de sus tierras a las que tienen derecho.

Asimismo, busca que el Registro Agrario Nacional esté obligado a entregar los certificados o títulos de propiedad a los ejidatarios de su parcela o de su solar, y evitar que está dependencia sea fuente de corrupción.

En ese sentido, propuso establecer en el artículo 59 de la Ley Agraria que “las superficies de uso común, las parcelas y los solares que existan en los núcleos ejidales, estarán sujetas a las leyes ambientales en el caso de cambio de uso de suelo. No podrá ponerse obstáculo formal alguno para que un ejidatario goce de la titularidad de su parcela o de su solar”.

Aclaró que su propuesta no pretende atentar contra las normas ambientales, sino, por el contrario, busca eliminar uno de los principales elementos de la Ley Agraria que se ha convertido en una herramienta para la realización de actos abusivos y corruptos de algunas autoridades.

Agregó que, con la redacción actual, existen obstáculos para que los ejidatarios puedan adjudicarse el porcentaje de tierras a las que tienen derecho.

Del mismo modo, señaló que la redacción actual del artículo ha servido para que los funcionarios del Registro Agrario Nacional, se constituyan en un tribunal de facto, y para la generación de actos de corrupción.

“Existen innumerables asuntos en los cuales se ha permitido el cambio de suelo, lo que ha generado un derroche económico que no entra a las arcas del estado, si no se queda en los bolsillos de los malos funcionarios, que han vuelto un negocio a voces que el Registro Agrario Nacional”, manifestó.

Esta iniciativa elimina un obstáculo dilatorio y hace más cercana la justicia a los ejidatarios, consideró Ávila Ruiz.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.