Por: Javier Divany Bárcenas

La Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que atraiga la investigación sobre la posible operación de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad, en Acapulco, Guerrero.

De igual forma, le solicitaron que atraiga el caso del canadiense Walter Suk, relacionado con la averiguación previa TAB/EDS/02/0272/2016, presunto responsable del delito de abuso sexual en Acapulco.

Al fundamentar el dictamen, el diputado David Jiménez Rumbo (PRD) señaló que la Fiscalía General de Guerrero abrió la averiguación previa en contra de Walter Suk, de 68 años de edad, acusado de besar a dos niñas de aproximadamente tres años de edad.

“La acusación es por el delito de abuso sexual, ante la omisión legislativa del delito específico de pederastia”, dijo.

Señaló que el comercio sexual con niños, genera 10 mil millones de dólares al año en el mundo, por lo que las cifras de esta actividad son alarmantes. “Esta situación se vive en el mundo entero, y en México, investigaciones señalan que las redes de pederastas operan en Cancún, Quintana Roo, Acapulco, Guerrero y Mazatlán, Sinaloa, principalmente”.

“Es oportuno solicitar a la PGR que utilice su facultad de atracción para que investigue si en relación a la detención del señor Walter Suk, existe la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad”, sostuvo.

Norma Edith Martínez Guzmán, del PES, exigió justicia para estas niñas y todos los niños de México. “Estamos de acuerdo, pero también queremos que no se reinterprete ideológicamente el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Este lamentable suceso, refirió, es una prueba contundente de que los niños sí necesitan una protección especial. Lo que menos requieren es dejarlos a su propia suerte bajo los falsos argumentos del libre desarrollo de la personalidad, su capacidad de ejercicio y titularidad de derechos y una criminal y falsa interpretación del interés superior del niño.

Angélica Reyes Ávila (NA) condenó este tipo de conductas lascivas que, aseguró, dañan la integridad de nuestras niñas y niños; por ello, agregó, “consideramos pertinente que la PGR atraiga la averiguación previa de este ciudadano canadiense y la posible operación de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual en Guerrero”.

Indicó que de acuerdo con Unicef México, se estima que 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia sexual. Las estadísticas, aclaró, carecen de precisión ya que estos delitos se cometen en total secrecía y se asocian con miedo intenso, que impide a nuestras niñas y niños que sufren estos actos, solicitar ayuda.

María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, destacó que datos de la PGR indican que de 2008 a 2014 hubo un aumento de más del 600 por ciento en delitos de abuso sexual y trata contra niños y niñas. Cada año, abundó, se registran 25 mil denuncias, es decir, 70 casos diarios y 3 cada hora.

Sin embargo, aseguró, el sistema penal judicial no está funcionando. “En el país tenemos apenas ocho estados que medio cumplen los principios establecidos en el Protocolo de Palermo, y hay otros 17 entidades donde no está legislada esta materia”.

Irma Rebeca López López, de Morena, sostuvo que el gobierno federal oculta la explotación sexual infantil en México, toda vez que entre 16 y 20 mil niñas y adolescentes, son explotados sexualmente.

Según cifras de organizaciones no gubernamentales, el delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal. El último informe oficial sobre explotación sexual infantil sugería que 16 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en el país. La mayoría se ubica en las ciudades de Acapulco, Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana.

Paloma Canales Suárez (PVEM) reconoció que no obstante existe un marco nacional y convencional sobre los derechos de los niños, aún falta mucho por hacer en lo que respecta a su protección y siguen expuestos a sufrir abusos y exposición de entornos violentos, tanto en el ámbito familiar como el escolar.

Se pronunció por que los legisladores asuman el compromiso de erradicar el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual, que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en nuestro país, existen más de 16 mil niños y niñas que ejercen la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde se presenta con mayor frecuencia.

Jesús Valencia Guzmán, del PRD se pronunció a favor del punto de acuerdo y propuso adicionar que inmediatamente de que atraiga la PGR el caso de Walter Suk, inicie los trámites ante el gobierno de Canadá para que sea extraditado, toda vez que en ese país su Código Penal establece una pena de hasta 14 años de cárcel.

“En Guerrero no se puede llevar porque no está armonizado su Código Penal con el Código Penal Federal. En este sentido, solicitó al Congreso de Guerrero que de inmediato armonice el Código Penal del estado respecto al Código Penal Federal, y que también se cumpla lo que establece el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Mariana Arámbula Meléndez (PAN) recordó que datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. “Hay alrededor de 4.5 millones de niños que son víctimas de abuso sexual en nuestro país y únicamente no pasa nada”.

Sostuvo que la falta de medidas enérgicas, ha provocado que México sea visitado con fines de turismo sexual infantil. “Casos como el Walter Suk es sólo una pequeña muestra de la terrible problemática a la que nos estamos enfrentando como nación”. Es evidente la presencia delincuencial en la promoción de dicho turismo por las cuantiosas ganancias que representa”.

Julieta Fernández Márquez, del PRI, condenó el caso y refirió que es un llamado inaplazable para seguir legislando a favor de la protección de los niños y niñas. Dotar de más herramientas al sistema penal mexicano para prevenir, castigar y erradicar el turismo sexual comercial infantil, la pedofilia, la corrupción de menores, la pederastia y la trata de personas.