Por: Redacción

Los diputados del PRD, Maricela Contreras Julián y Omar Ortega Álvarez, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que acate la orden del Poder Judicial de reparar el daño causado a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial y ofrecerle una disculpa pública.

En un comunicado, los legisladores perredistas informaron que presentaron a la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, un punto de acuerdo de urgente resolución, para que el Congreso de la Unión exhorte a la PGR a cumplir el mandato del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Señalaron que la PGR debe cumplir con la resolución judicial, “a fin de que el Estado mexicano empiece a pagar por sus graves injusticias y, sobre todo, no las repita más al imputar delitos y encarcelar a personas inocentes”.

El pasado 16 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la PGR debe asumir su responsabilidad por el encarcelamiento de la mujer otomí y reparar el daño con una indemnización económica, así como con la difusión pública de su inocencia.

La semana pasada, la PGR dijo que estaba a la espera de la notificación del fallo correspondiente, para ofrecer la disculpa pública y realizar la reparación del daño e indicó que “reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación”.

Jacinta Francisco, junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron acusadas del secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes vestidos de civil participaron en un operativo para combatir la “piratería” en un tianguis de Amealco de Bonfil, Querétaro, en 2006.

La acusación de los agentes derivó en una sentencia de 21 años de prisión, tras la cual el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” asumió la defensa de las mujeres y apeló la sentencia, arguyendo insuficiencia de pruebas y faltas al debido proceso.

Jacinta Francisco fue liberada en 2009, sin embargo, “para ella no fue suficiente eso, pues perdió tres años de su vida en la cárcel, con todas las consecuencias familiares, sociales y económicas que ello implica, por lo que solicitó una reparación por el daño material y moral en su contra”, comentaron los diputados.

“Es necesario que además la PGR se disculpe por su cruel e injusta acusación contra esta mujer de la comunidad otomí. Este caso es paradigmático del abuso y la impunidad con que actúan órganos y agentes de procuración y administración de justicia mexicanos contra este sector de la población”, agregaron.