Por: Redacción

El presidente de la Comisión que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, Rafael Hernández Soriano, exigió que se cancele la adjudicación a la constructora Aldesa que desarrolla la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto, la cual construyó el Paso Express en Cuernavaca, donde la víspera murieron dos personas al registrarse un hundimiento.

“Una obra nueva, relativamente pequeña, presentó fallas con consecuencias funestas para la población y daños al erario público”, y en lo que respecta al nuevo aeropuerto éste tiene que contar con elevadas medidas de seguridad, expuso.

Agregó que para evitar tragedias humanas y fallas técnicas en el nuevo aeropuerto internacional es indispensable reforzar la fiscalización a las empresas que participan en la construcción de la macro y multimillonaria obra.

De igual forma, demandó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que en su calidad de titular del ramo asuma su responsabilidad por fallas que tienen un alto costo para la población e impactan al erario público.

“Afirmar que la lluvia es la responsable de la tragedia en Cuernavaca es una salida ridícula cuando apenas se inicia una investigación; lo que sí es un hecho, es que la lluvia ha permitido descubrir una obra mal hecha que apenas tenía cuatro meses de haber sido terminada y cuyo costo fue casi al doble, lo cual ha sido una constante en las obras licitadas por la SCT durante la presente administración”, añadió.

Recordó que Ruiz Esparza arrastra un historial dudoso exhibido en medios informativos por sus nexos con constructoras como la multinacional OHL, los conflictos por inconformidades en las licitaciones, la filtración de información privilegiada a concursantes y los sobrepagos por obras pactadas con el gobierno federal.

La vigilancia en el uso correcto de los recursos en el desarrollo del NAICM se ha visto frenada por múltiples circunstancias. “Tal parece que hay una apuesta por la opacidad”, añadió.

El legislador urgió a la Auditoría Superior de la Federación a hacer pública la auditoría de gestión financiera y la de seguimiento de la obra, información que debió haberse entregado el martes pasado a la Comisión Especial que él preside y la cual no logró sesionar por la ausencia de legisladores.

“Hemos insistido ante los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que la construcción del nuevo aeropuerto no debe ser el botín de fin de sexenio, sino una obra pública que debe resolver una necesidad de transporte aéreo y generar un desarrollo económico ordenado en la región”, explicó.