Por: Redacción

La Comisión Especial relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, que preside la diputada Karina Padilla Ávila (PAN), aprobó su Segundo Informe Semestral de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo, el cual presenta el número de sesiones, ordinarias y extraordinarias, así como reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con diferentes personalidades y autoridades.

Al respecto, Padilla Ávila, quien sustituyó a la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados, presentó un voto particular al documento, a fin de agregar información obtenida por la instancia respecto a las distintas reuniones con funcionarios, ex funcionarios, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

El documento que refiere el voto particular, señala que el informe de actividades no contiene consideraciones o criterios respecto a la información que la Comisión obtuvo a través de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaria de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar).

Así también, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa del Congreso del Estado de Guerrero, el CEDH de Guerrero y los Servicios Periciales de la PGR.

Igualmente, de reuniones con ex funcionarios como quien fue Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el entonces fiscal del mismo estado, Iñaki Blanco Cabrera; familiares del normalista Julio César Mondragón Fontes y del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”, y de organizaciones de derechos humanos como el Centro Miguel Agustín Pro, entre otros.

Detalla que la comisión especial tiene como objeto fundamental dar seguimiento a los resultados de la investigación llevada a cabo por el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda vez que el grupo interdisciplinario concluyó sus trabajos el 30 de abril del presente año, por lo que “considero indispensable que el Informe de actividades no sólo refiera el número y la relatoría de las reuniones y sesiones, sino también señale los avances de las investigaciones a la fecha”.

Padilla Ávila explicó que el voto particular es a fin de referir observaciones pertinentes que se incluirán al agregado del informe.

“Quiero dejar claro y dejar constancia de que no estamos conformes con el informe que se presenta, debido a que consideramos que es importante incluir los criterios respecto a los resultados del trabajo de las reuniones que se llevaron a cabo”, enfatizó.

Un ejemplo, continuó, es el mecanismo para el seguimiento de las 22 observaciones por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que firmó el Estado mexicano, y a la fecha no se ha implementado.

La legisladora Padilla Ávila resaltó que “es importante exigir al Estado mexicano que no se le dé carpetazo al caso Ayotzinapa y se continúen las investigaciones, al igual que la comisión especial siga en el acompañamiento de estos trabajos. Lo que buscamos es la verdad y encontrar a los 43 desaparecidos; por ello, considero prioritario exigir la continuidad a esta investigación”.

A propuesta de la diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD), los integrantes de la comisión especial aprobaron reunirse para escuchar los posicionamientos de cada grupo parlamentario sobre los trabajos realizados, a fin de incluirlos en el informe mencionado.

Gaytán Hernández consideró necesario hacer las adecuaciones mencionadas, toda vez que el informe presentado es un resumen de las narrativas y las actividades que se han realizado y no contiene las conclusiones u opinión de la comisión.

Reiteró que a un año de su creación, la comisión debe presentar las conclusiones a las que ha llegado, es decir, con las coincidencias y posturas de cada grupo parlamentario, se corre el riesgo de que existan muchas voces de la comisión, las cuales son válidas, pero la institucionalidad no puede quedar de lado.

La diputada Araceli Damián González (Morena) señaló que en el informe, debe haber una reflexión de los alcances a los que pretende llegar la comisión y, a partir de ahí, delinear un plan de acción.

“No me parece que hagamos una relatoría o un informe de las reuniones que hicimos. Se deben definir las cuestiones a las que se han llegado y cuál es la postura de cada fracción política”.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) solicitó intensificar las acciones de la comisión, ya que “hoy uno de los capos consiguió un amparo”, refiriéndose a Sidronio Casarrubias Salgado. “Es lamentable que las investigaciones realizadas por la PGR se caigan por errores de la misma procuraduría”, enfatizó.

Esto habla, dijo, de posibles errores por los que puede fincarse responsabilidad en las investigaciones; por ello, pidió tomar más en serio las entrevistas, pues esos datos son fundamentales para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes. Solicitó a los integrantes de la comisión redoblar esfuerzos para revisar este caso y, sobre todo vigilar el trabajo, desempeñado por la PGR, que ha dejado mucho que desear.