Por: Redacción/

A propuesta de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, la Cámara de Diputados aprobó exhortar al presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a realizar las gestiones necesarias, a fin de que en el próximo censo poblacional, se mantengan los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas con discapacidad, con el objetivo de que las distintas dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, cuenten con datos que permitan la planeación y ejecución de políticas públicas para su desarrollo.

El punto de acuerdo de la diputada del GPPRD también exhorta al Senado de la República, a dictaminar la minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población, publicada el pasado dos de febrero en la Gaceta del Senado.

La secretaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos en San Lázaro detalló que desde la creación del Inegi, se han recolectado datos sobre las personas con algún tipo de discapacidad, teniendo en el país -hasta 2014- un nivel de prevalencia de 6 por ciento; es decir, 7.2 millones de mexicanos son discapacitados, siendo las dificultades para caminar y para ver, las más reportadas entre estos.

La dificultad para escuchar es considerada como uno de los siete tipos de discapacidad que hay en el país, junto con la dificultad para caminar o moverse, ver, mental, hablar o comunicarse, atención y aprendizaje.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la sordera como la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos, siendo las personas con sordera, uno de los tipos que el Inegi engloba en la dificultad para escuchar.

“Lamentablemente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se carecen de datos concretos sobre las personas que presentan discapacidad auditiva, sordera, hipoacusia o si son sordo hablante, sordo señante o semilingüe, entre otras características que los diferencian; como si son sordos de nacimiento o tuvieron pérdida auditiva por alguna situación externa a ellos”, explicó la parlamentaria.

En 2010, el Inegi publicó un análisis titulado “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”, en la que se plasmó la realidad estadística que presentan las personas con discapacidad; sin embargo, la metodología empleada para la recolección de datos sobre las personas sordas ha sido ineficaz y no ha arrojado cifras específicas sobre este grupo de población, lo que ha dado pauta para que queden relegadas ante la elaboración e implementación de las políticas públicas.

“En nuestro país existe un importante número no cuantificado, de personas que viven con sordera en alguno de sus tipos, situación que paulatinamente les genera una serie de problemas en su vida cotidiana, pues al no ser evidente su discapacidad, se vuelven una comunidad vulnerable que se enfrenta a un sinnúmero de situaciones que los colocan en desventaja y los vuelve invisibles; uno de ellos es la discriminación o la falta de acceso a la educación, debido a que no se cuenta con docentes capacitados en Lengua de Señas Mexicana”, argumentó la diputada, quien subrayó la necesidad de contar con un censo que permita conocer en qué condiciones socioeconómicas viven.