Por: Oscar Nogueda/

El Colectivo Seguridad Sin Guerra aseguró que el acuerdo presidencial en materia de seguridad pública es un “fraude a la constitución” y profundiza una estrategia basada en el despliegue de las Fuerzas Armadas (FA).

“El acuerdo militarista es un fraude a la Constitución y profundiza una estrategia de seguridad, basada en el despliegue militar, que ha tenido pésimos resultados”, agregó Seguridad Sin Guerra.

Por ello, exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ontra el acuerdo presidencial en materia de seguridad pública.

El Colectivo reconoció que la CNDH ha hecho explícito los riesgos que conlleva el acuerdo presidencial en materia de derechos humanos, además sostuvo que no interponer este recurso sería una negligencia de la Comisión. 

Asimismo, llamó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado de la República a interponer una controversia ante la SCJN para que decida las acciones a realizarse para cumplir con el mandato constitucional que permite el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

El Presidente López Obrador emitió un acuerdo presidencial, el pasado 11 de mayo, que permite a las Fuerzas Armadas realizar acciones de seguridad pública durante los próximos cinco años, bajo los criterios de actuación extraordinaria, subordinada, complementaria y fiscalizada.

Para Seguridad Sin Guerra este acuerdo no cumple con los criterios emitidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) ni con los establecidos en el quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional .

El Colectivo estableció que el carácter de extraordinario es insuficiente, existe un colaboración de las autoridades civiles y militares, permite realizar actividades ministeriales a las FA que puedan trastocar el debido proceso y la supervisión de las tareas serán llevada a cabo por los órganos internos de control.

Al mismo tiempo, apuntó que los tres procesos bases para la seguridad pública, publicados en la reforma constitucional de la Guardia Nacional el año pasado, no se están cumpliendo. Por ello, destacó que la ley ordena que la Guardian Nacional sea un cuerpo civil, sin embargo, 7 de cada 10 elementos provienen de instituciones militares.

También, agregó que las leyes secundarias de la Guardia Nacional se encuentran en revisión de la SCJN, así como no hay evidencia del fortalecimiento de las policías estatales.

Seguridad Sin Guerra mencionó que “Que sea la Suprema Corte quien despeje dudas de cómo se habrá de lograrse la desmilitarización de México”.

Por tal motivo, exhortó al Congreso de la Unión a impulsar una regulación adecuada del régimen transitorio de la reforma, así como a verificar el cumplimiento del mandato constitucional de los estados para el fortalecimiento de las policías estatales.