Por: Redacción

Las acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz y Quintana Roo deben ser un primer paso para impedir que las responsabilidades en las gestiones de Javier Duarte y Roberto Borge Angulo no queden impunes, aseveró el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado de la República, Fernando Herrera Ávila.

“Se requieren medidas integrales, porque las acciones de inconstitucionalidad no los eximirán de responsabilidades que resulten de sus gestiones”, subrayó.
El senador de Acción Nacional indicó que el trámite presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atiende sólo una parte del problema en esas dos entidades, que es la aprobación de reformas opuestas a los lineamientos generales del recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido, Herrera Ávila reconoció que el Gobierno federal haya atendido las exigencias del PAN de poner un alto a los “paquetes impunidad” promovidos por Duarte y Borge Angulo, mediante reformas legislativas aprobadas por sus congresos, que ahora son impugnadas por ser violatorias de la Constitución.
El senador por Aguascalientes recordó que de acuerdo con las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas el 27 de mayo pasado, los estados deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes en la materia, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales del SNA.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ejes del SNA, aún no han sido promulgadas por el Ejecutivo federal, por lo que las reformas y los nombramientos de funcionarios (fiscales especiales, contralores y magistrados) impulsados por Javier Duarte y Roberto Borge son violatorios de ese mandato constitucional, de acuerdo con los argumentos presentados por la PGR en la acción de inconstitucionalidad, dijo.

Herrera Ávila observó que está pendiente el caso de Chihuahua, donde el gobernador César Duarte promovió también acciones legislativas para “cubrirse la espalda”.

“Esperamos que el Gobierno federal actúe con celeridad en este caso, porque, como afirmó su Vocero, no puede haber excepciones y nadie debe estar al margen de la ley”, agregó.