Por: Araceli Isidro

Seis hombres acusados de secuestro agravado, cohecho, resistencia de particulares, ultrajes a la autoridad recibieron una sentencia de 55 años siete meses y 15 días de prisión, cada uno deberá pagar 437 mil 130 pesos por concepto de multa y en conjunto 128 mil pesos por reparación del daño.

Los delitos se cometieron en octubre de 2013, de acuerdo con el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C. en ese año se contabilizaron un total de 29,711 casos, mientras que la organización Semáforo Delictivo contó en los primeros tres meses de 2017 un total de 91 secuestros.

El 28 de octubre de 2013 a las seis horas con quince minutos en la colonia Ampliación Bellavista, delegación Iztapalapa, tres de los imputados se acercaron a un hombre y con una bolsa de plástico le cubrieron el rostro y lo trasladaron a una casa de seguridad.

Mientras una parte de los sentenciados negociaba con la familia de la víctima, ésta permanecía con los ojos cubiertos, las manos atadas con una cuerda, sintiendo golpes y escuchando las amenazas de sus agresores de meterlo en ácido.

Después de la negociación, la víctima fue liberada e interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS).

El 14 de julio de 2014, los seis implicados viajaban a bordo de una camioneta en calles de la delegación Benito Juárez y fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI).

Cuando los uniformados detuvieron a uno, el resto de los sentenciados comenzó a golpear a los policías por lo que cometieron el delito de resistencia de particulares. Durante su traslado insultaron a los elementos de la PDI por lo que también fueron acusados por ultrajes a la autoridad.

Ante el Ministerio Público aceptaron pertenecer a una banda de secuestradores y  cometieron el delito de cohecho, al tratar ofrecer dos automóviles, un Honda y un Seat Córdoba, para evitar que la orden de aprehensión se completara.

Los hechos quedaron registrados en la toca 147/2017, misma que determinó las pruebas para que  la Procuraduría General de Justicia (PGJ)capitalina las presentara ante los  Magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para confirmar la sentencia individual.