Por: Omar Martínez

Organizaciones promotoras de los Derechos Humanos recorrieron las comunidades de Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, con el propósito de exhortar a las autoridades, concretar las investigaciones que resuelvan los sucesos ocurridos el 19 de junio del año pasado, donde ocho personas perdieron la vida y cien más resultaron heridas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la  Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenaron el operativo que implementó la Policía Federal para desalojar a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) luego de manifestarse en contra de la llamada Reforma Educativa, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La CNDH, DDHPO y la ONU-DH llamaron a recordar que todo operativo llevado a cabo por cualquier institución policiaca, debe estar sustentado en el respeto a la vida, integridad física así como: “implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad”.

De igual manera, los representantes de los organismos, Luis Raúl González Pérez, Arturo Peimbert Calvo y Jan Jarab, de la CNDH, DDHPO y la ONU-DH respectivamente, comentaron que cualquier abuso de autoridad: “debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos”.

Se reconoció que la desconfianza por parte de las personas ha dificultado el acceso de los peritos que investigan lo acontecido en Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, sin embargo, eso no debería ser un obstáculo para identificar las causas así como a los responsables.

De acuerdo a los organismos vigilantes de los derechos humanos, lo acontecido en esas comunidades de Oaxaca, debe servir para mejorar los protocolos de seguridad tanto a nivel estatal como federal con la intención de que actos de esta índole no se repitan de nueva cuenta.