Por: Redacción

Diputados constituyentes que participaron hoy en la presentación del número 203 de la revista El Cotidiano, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), llamaron a defender la Carta Magna de la Ciudad de México frente a las impugnaciones de que está siendo objeto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Jaime Cárdenas y el consejero jurídico del gobierno capitalino Manuel Granados Covarrubias coincidieron en que el texto promulgado el cinco de febrero de este año presenta avances importantes en distintas materias que son puestos en duda “por ciertos sectores conservadores, que se rehúsan a la apertura y la ciudadanización de las decisiones”.

Al dar la bienvenida a los representantes populares –quienes acudieron al Antiguo Palacio del Arzobispado para la presentación del más reciente número de El Cotidiano, dedicado a La nueva Constitución de la Ciudad de México– el rector general de la UAM, doctor Salvador Vega y León señaló que “la discusión está abierta y, luego de su promulgación, ha entrado en una fase de impugnación legislativa ante la SCJN”.

Esta “singular situación jurídica no resta relevancia al ejercicio democrático, plural e inédito que ha significado el proceso de consulta y elaboración de la nueva Carta Magna de la CDMX”.

Ese instrumento jurídico, que marca una ruta en el proyecto de nación que el país requiere en este momento, es ya un punto de referencia obligado en el progreso político y social, en cuanto a la autonomía de la ciudad, el reconocimiento de su amplia gama de derechos que ahora son exigibles y justificables, el proceso de innovación institucional que plantea, así como por sentar las bases de un desarrollo con equidad y sustentabilidad.

En materias educativa, cultural, deportiva, científica y tecnológica la Constitución de la Ciudad de México sienta las bases para el desarrollo integral de los ciudadanos, por el reconocimiento a la educación en todos los niveles, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, así como por la alusión de la enseñanza como un bien público y de la urbe como un espacio público de formación cultural y recreación.

También destaca la relevancia del acceso al avance científico y tecnológico como un derecho universal, la asignación de un presupuesto mínimo de dos por ciento para ese rubro y el acceso progresivo a la Internet en todos los espacios públicos, educativos, culturales y gubernamentales, afirmó el rector general de la UAM.

El consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México aseveró que el carácter progresista y vanguardista de la capital encuentra un fiel reflejo en su primera Carta Magna, “y esto ha generado una importante reacción de grupos conservadores de nuestro país que por años se han beneficiado del estatus quo institucional”.

El aspecto trascendental del documento es la ampliación de derechos humanos y libertades reconocidas por la población capitalina. “Están ahí conceptos innovadores y temas específicos como el derecho a la ciudad, a la Internet, a una muerte digna, a la prohibición de la privatización del agua y el reconocimiento de equidad a todas las expresiones familiares”.

En ese sentido es clara la vocación de la Carta Magna: colocar a las personas, sus derechos y libertades en el centro de la vida pública, vocación garantista que ha sido reconocida incluso por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.

El senador Alejandro Encinas señaló que el texto aprobado el cinco de febrero pasado sigue enfrentando muchas resistencias, “y lo que estamos viendo en las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno Federal representa el último vestigio del autoritarismo centralista que existe en la nación”.

Esa visión es la que hoy “estamos enfrentando con las controversias que cuestionan justamente las facultades y competencias de la Ciudad de México para dotarse de su propio cuerpo de leyes en los términos que el mismo Constituyente ha determinado”.

Pareciera que para la Procuraduría General de la República (PGR) y para el Gobierno Federal la Carta Magna capitalina debería reducirse a meras leyes reglamentarias, “lo cual es un absurdo” porque ésta establece las facultades y las competencias que corresponden a los ámbitos federal y local.

Una de las preocupaciones principales sobre la controversia presentada por la PGR es que no sólo cuestiona 39 de los 68 artículos de la Constitución sino además el procedimiento a partir del cual se aprobó, con lo cual busca derogar el conjunto del texto ya promulgado, sin embargo, ante la SCJN “les vamos a ganar”.

Porfirio Muñoz Ledo expuso que la Corte tiene una gran responsabilidad porque “esta es la primera vez que es controvertido un poder original en la historia del país” y advirtió que el judicial es un poder federativo, es decir, la Corte no fue concebida como “un brazo judicial del gobierno centralista sino como un defensor del federalismo”.

Llamó a defender la Constitución a nivel del Poder Legislativo de la ciudad, que tiene la obligación de actuar con un sentido de progresividad, pues “preocupan ciertas noticias en el sentido de que hay bancadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que quieren hacer “carro completo” para volver de facto a las antiguas delegaciones, lo que sería un ataque al corazón mismo de la Carta Magna, que es la figura de las alcaldías.

Es menester “defenderla en su aplicación”, mediante los mecanismos de participación social a nivel de la ciudad y de las alcaldías. “Una manera fundamental de hacerlo es la aplicación de la misma”, reiteró.

Por último subrayó la necesidad de resguardar también su vigencia, pues la Carta Magna federal ha sido deformada por un presidencialismo aberrante y durante 30 años descuartizada por un neoliberalismo depredador. Todas las constituciones de avanzada tienen que ser históricamente respaldadas: desde la Corte y el Poder Legislativo debe preservarse su aplicación y contenido histórico.