Por: Redacción

Bajo los estrictos principios de legalidad, transparencia y cuidado del medio ambiente, en enero próximo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluirá el proceso de chatarrización de 2 mil 576 vehículos que han sido asegurados, abandonados  y decomisados por haber sido utilizados para llevar a cabo algún delito, cuyos recursos por su venta serán canalizados a un fondo de apoyo.

Dicho fondo tiene la finalidad principal de apoyar la procuración de justicia de  la CDMX, con mecanismos y procedimientos para la administración e inversión de los recursos económicos que conforman dicho fondo, el cual ha sido utilizado en la compra de materiales o renovación de equipos de diversas instancias de la PGJDF que reforzarán el combate a la asociación delictuosa.

La primera etapa de destrucción de autos concluyó el 20 de octubre de 2015,  con un total de 509 unidades compactadas y retiradas; actualmente y para dar resultados en la preservación de los derechos de las personas y satisfacer necesidades de interés común como lo ha instruido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, se lleva a cabo el segundo periodo con 629 vehículos.

En entrevista, el Director de la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados (DEABA) de la PGJDF, David Reynoso Mendoza estimó que el próximo 28 de diciembre, habrá 1 mil 138 unidades compactadas y retiradas y en enero de 2016,  otros 300 más serán destruidos, lo que permitirá contar con un espacio libre de 3 mil 476 metros cuadrados.

En total, hasta el 17 de diciembre de 2015 hay en existencia  7 mil 932 autos asegurados en siete depósitos en la CDMX, de los cuales, 2 mil 225 están a disposición de la PGJDF, 3 mil 073 bajo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y 634 más con otras autoridades.

Subrayó que este proceso comienza con la notificación del Ministerio Público al dueño del auto sobre el estatus que tiene su unidad, quien cuenta con 80 días naturales, para ir a reclamarlo, pero dada la naturaleza del decomiso, en muchas ocasiones, nadie se presenta a proseguir con los trámites.

“El Comité de Destino Final de Bienes Asegurados resuelve y autoriza, el procedimiento de enajenación para su destino final, para formalizar el contrato correspondiente, previa sanción del mismo por la Dirección General Jurídico Consultiva, además de que también se lleva a cabo un inventario y dictamen pericial con la presencia de la Contraloría y el área jurídica”, dijo Reynoso Mendoza.

El trámite de avalúo y la notificación por edictos se realiza con base en el artículo 55 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece que “los bienes que se encuentren a disposición de la autoridad judicial que no hayan sido decomisados y que no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, o a disposición de la autoridad investigadora (…) causarán abandono a favor de la PGJDF”.

Aclaró que luego de este  período,  el propietario vuelve a ser informado por medio de un edicto que se publica en algún medio de circulación nacional; por lo que en ocasiones, la PGJDF realiza el proceso de chatarrización varios años después de haber sido decomisado el vehículo.

“Hay autos que tienen seis y hasta ocho años que finalmente serán vendidos a la empresa que ofrezca el mejor por kilo del desecho forzoso y que lo hace por anticipado, previa valuación”, añadió el funcionario.

Para garantizar el cuidado del medio ambiente, antes de la destrucción de los vehículos, cuyo empaquetamiento alrededor de 15 minutos, se retiran las placas de circulación, los acumuladores, los fluidos y los convertidores catalíticos y su chatarrización se formaliza mediante acta circunstanciada de cada procedimiento.