Por: Redacción/

El nuevo Sistema Penal Acusatorio debe verse de manera integral, tras las recientes reformas constitucionales y porque su implementación dista mucho de lo que está asentado en el papel, debido a que se ha politizado por parte de sus operadores y al destino de los recursos, aseveró el diputado Juan Romero Tenorio.

El legislador federal de Morena explicó que el objetivo de dicho sistema es que el presunto delincuente sea escuchado, tenga acceso a un amparo para defender la presunción de inocencia y, sobre todo, que sea defendido ante “el fuerte y arbitrario”.

Al participar como ponente en el Congreso Nacional “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio” –organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República–, cuestionó los métodos que utilizan los operadores de dicho sistema para ponerlo en práctica.

“Los operadores son el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Mando Único de Policía, los procuradores, todos los que deben ejercer la justicia”, precisó el también Presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en Procesos Electorales, de la Cámara de Diputados.

En su exposición, durante la Mesa de Trabajo “¿Para qué se hizo la reforma al Sistema de Justicia Penal?”, rechazó a aquellas voces de la opinión y poder públicos que insisten en regresar al anterior sistema inquisitorio penal. Éste, subrayó, dejó de funcionar porque los operadores lo hacían injusto e inviable; además, el sistema acusatorio tiene el principio de abonar de manera positiva al debido proceso.

“El nuevo Sistema Penal Acusatorio fue creado para que los operadores políticos garanticen a la ciudadanía tres temas prioritarios: seguridad, certeza y acceso a la información”, recalcó el legislador federal capitalino.

En cuanto al ámbito de la politización, el diputado Juan Romero mencionó que esto sucede también por la implementación de los recursos.

“Son recursos millonarios que se van a la capacitación, difusión, defensa obligatoria. Y esta capacitación e integración de las partes nos obliga a evaluar desde diferentes aristas: no solo la parte teórica, sino su relación con la rendición de cuentas y transparencia”.

En ese contexto, solicitó a los impartidores de justicia y a la sociedad civil abordar el nuevo sistema de manera integral, ya que un caso perpendicular es la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2013, que en la actualidad permite a las procuradurías aportar información precisa a través de herramientas tecnológicas, como un teléfono celular que está geolocalizado en todo momento.

Por último, hizo un llamado a todos los implicados, en especial a los operadores, a comprometerse, garantizar y exigir transparencia y rendición de cuentas, con el fin de terminar con el fenómeno de la corrupción. Se trata, indicó, de un tema de responsabilidad social y deber civil, porque la seguridad y justicia son un ejercicio colectivo.

“La tarea no es menor. Implica políticas públicas desde el Ejecutivo Federal y hasta cada uno de los operadores, y vigilar el destino de los recursos, porque afecta más a la población”, concluyó Romero Tenorio.