Por: Oswaldo Rojas

Las autoridades ya han confirmado que la riña en el penal de Topo Chico dejó la muerte de 49 prisioneros, además de 12 heridos, cinco de gravedad. También afirmaron que se trató de un conflicto entre los grupos antagónicos del Cártel del Golfo y Los Zetas, iniciado por Jorge Ivan Hernandez El Credo y Pedro Saldívar Farías El Z-27, respectivamente.

La gresca en Topo Chico sorprendió a todos: policías, dirigentes, los propios reos y las familias. Personalmente me parece que estos últimos fueron los más asombrados: con un familiar dentro de prisión una revuelta de todos contra todos debe ser una pesadilla. No trato de justificar la violenta afrenta que los familiares realizaron contra las autoridades del penal, pero reconozco que ellos han sido víctimas de la corrupción en innumerables ocaciones y que obviamente esto los ha llevado a desconfiar de la policía y sus declaraciones.

Según números del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitencia Nacional, en noviembre de 2015 los 15 centros penitenciarios en Nuevo León sumaban una población de 6 mil 594. Se estima que la capacidad conjunta de los centros es de 7352 personas.

Sin embargo, existe una sobrepoblación penitenciaria de 644 individuos en dicho estado.

En el caso de Topo Chico la población era hasta el jueves de 3 mil 965 reos, de los cuales 481 eran mujeres. Pero el penal apenas tiene soporte para 3 mil 685, es decir, Topo Chico tiene una sobrepoblación de 280 personas.

Merece que aclare que según información del Sistema Penitenciario Nacional, de esos 3 mil 965 eran 3 mil 138 juzgados por fueros común y los 827 restantes por el federal.

Por si fuera poco, y no lo es, el diagnóstico que dió la Supervisión Penintenciaria en 2014 a Topo Chico fue de apenas 5.72 puntos. Donde rubros como la integridad física, condiciones de gobernabilidad y la posibilidad de reinserción social estaban por debajo de los 6.5 puntos.

Me interesa hacer el nexo entre las situaciones que identificó la Supervisión Penitenciaria y las que se viven en el exterior por medio de  Catalina Pérez Correa, quien trabaja en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), misma que en 2014 publicó los hallazgos de su estudio Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión. Para este documento encuestó a mil 261 familiares de reos, obteniendo diversos datos que si bien no pueden considerarse definitivos, puesto que se realizaron en siete Centros de Readaptación Social del Distrito Federal y cinco de Morelos, dan una imagen nítida de los obstáculos por los que los parientes de los reclusos comienzan a pasar.

La primera máxima que Catalina arroja, tal vez la más importantes, es que en el sistema penitenciario actual no castiga a individuos en solitario sino a familias completas. Especialmente a mujeres. Puesto que no es un secreto que las prisiones son un núcleo de corrupción donde aquellos que pueden pagar logran hacer más llevadera su estancia ahí; son las hijas, esposas y madres quienes trabajan para procurar que su familiar pueda dormir acostado y no colgando de los barrotes de la celda, que se pueda tomar un coca o tener suficientes mantas para pasar los días fríos.

En la encuesta de Catalina se muestra como un 75% de las visitas adultas a los penales las hacen mujeres, y como de ese porcentaje un 90% son madres de los reos.  Ahora, de ese total un 29% de las que trabajan lo hacen como empleadas domesticas, lo que revela bastante del estrato económico en que se encuentran.

La situación es un poco más complicada cuando el estudio denuncia la falta de enseres que  el estado da a los reclusos, lo que obliga a los familiares, casi en un 100% de la veces, a  llevar en sus visitas comida, dinero, productos de higiene personal y hasta agua (yo pienso ese dicho que dice que un vaso de agua no se le niega a nadie). Lo que involucra un gasto semanal de entre 100 y 500 pesos. A eso hay que sumarle las cuotas para ingresar las cosas (50 pesos), de ingreso con un color de ropa diferente (25 pesos), por renta y resguardo de ropa permitida (10  – 20 pesos), etc., etc.

Estos gastos representan una inversión importante, sin embargo hay un segundo tipo de cuotas para que sus familiares tengan una vida mejor dentro de los penales: las cuotas por no ser golpeado, que tenga protección especial y de traslado a una mejor zona o en su defecto para que no sea llevado a una peor. Sobornos que alcanzan sumas de hasta mil 500 pesos.

Tal vez, con esto se podamos entender un poco a los familiares que ayer se enfrentaron, bien o mal, a las autoridades de Topo Chico. No es difícil imaginar que ellos han tenido que adaptarse a ese sistema de corrupción absorbente. El rencor por el mal trato en los penales genera otras riñas que se arrastran hasta afuera. Esas sí, generalmente invisibles.

El respeto a los derechos humanos en prisiones, así como el respeto a las reglas que deben imperar en ellas, evitarían situaciones críticas como las del miércoles pasado.