Por: Redacción/

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, en coordinación con la Agencia de Protección Sanitaria capitalina, lleven a cabo la verificación de las ambulancias públicas y privadas a efecto de que cuenten con la autorización para brindar el servicio de atención a las emergencias médicas prehospitalarias en la capital del país.

Los diputados dieron luz verde a la propuesta presentada por la diputada Leticia Varela Martínez, quien destacó la necesidad de evitar los abusos que ambulancias Patito cometen en el marco de la Pandemia de Covid-19, para lo cual también solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad realizar revisiones constantes de placas de ambulancias en circulación para detectar posibles irregularidades y, en su caso, ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente.

La legisladora de Morena afirmó que a pesar de que existen normas establecidas para el control de los servicios de ambulancias, siguen existiendo prácticas irregulares muchas veces cometidas por el personal de las unidades médicas que no se encuentran debidamente acreditadas.

“Dichas unidades de alguna forma poco clara, interceptan las llamadas que hace la ciudadanía al número de emergencias 911 para solicitar el servicio de ambulancia, tal es el caso de una persona que fue víctima de un accidente automovilístico en el mes de junio de 2019, resultando fracturado del codo y fue atendido por la ambulancia “E-12 servicio privado”, refirió.

Agregó que “los operadores insistieron en trasladarlo al hospital COS, ubicado en la calle Guanajuato de la Colonia Roma, donde lo ingresaron sin acompañante, y después de varias horas de supuesta atención lo retuvieron hasta que liquidó una cuenta de 11 mil pesos. Al término de su atención aún seguían esperando los de la ambulancia y escuchó que esperaban su comisión que oscilaba en 3 mil pesos”.

Señaló que los medios de comunicación han informado de las denuncias acerca de esta problemática de abuso contra usuarios de servicios de traslado, mismos que han detallado que las ambulancias operan en contubernio con ciertos hospitales privados a cambio de una comisión y que por el traslado llegan a cobrar hasta 6 mil pesos.

La diputada Leticia Varela comentó que otro caso similar le sucedió a un señor de 80 años de edad que por un problema de gastritis fue trasladado por una de estas ambulancias al hospital COS, en donde le cobraban la cantidad de 200 mil pesos.

“Ante estos hechos, se hace necesaria la intervención urgente de las autoridades para llevar a cabo acciones más eficaces que permitan la regularización de estas unidades”, puntualizó.

Dijo que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México es la responsable de otorgar el dictamen técnico para el funcionamiento de ambulancias, que es la autorización anual para la prestación del servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario otorgado a todas las instituciones, asociaciones o dependencias, de los sectores público, privado y social acreditarse ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para prestar el servicio.