Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el decreto presidencial del 23 abril, el cual establece medidas de austeridad para las dependencias y entidades públicas,  frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntó que el 75 por ciento del gasto corriente de la CEAV , equivalente a 139.4 millones de pesos,  será reducido. La Comisión aseguró que esta reducción no se consideró la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas  de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio, entre otros.

En ese sentido, la CEAV apuntó que no es propietaria de ningún inmueble, la mayoría de los servicios son subcontratados, además que enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales. Al mismo tiempo, precisó que los gastos de renta, agua, luz, telefonía y servicios básicos asciende a 121.9 millones de pesos.

Igualmente, aseguró que el recorte de presupuestario provocará un ajuste del personal, ya que  la mayoría de los trabajadores son eventuales o contratados bajo el outsourcing. En las oficinas centrales de la Comisión, donde laboran 388, personas el 60 por ciento se encuentra en las condiciones mencionadas.

La CEAV prevé la pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con datos personales de aproximadamente 34 mil 215 personas. Aunado a ello, comentó que no se podrán tramitar la entrega de ayuda más de 5 mil víctimas al mes.

Debido a este recorte, la institución estimó  una disminución del 30 por ciento de asesores legales, lo cual impedirá el apoyo legal a mil 874 víctimas, además 7 mil 200 personas no podrán ser atendidas en los 32 centros de atención integral.

Por otro lado, el área jurídica de la CEAV no defenderá a la institución en 453 juicios de amparo, de los cuales 154 están en etapa de cumplimiento,  ni en los asuntos laborales promovidos contra esta. La falta de personal jurídico impedirá emitir resoluciones y análisis en dicha materia para permitir el acceso a una compensación a las víctimas.

Adicionalmente, se incumplirán 43 contratos por 121.9 millones de pesos, asimismo el área de traslados desparecerá, por lo que  se imposibilitarán el traslado de 9 mil 862 víctimas para que acudan a sus audiencias  jurídicas o diligencias de búsqueda.

La Comisión comentó que quedarán pendientes mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, referentes a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en casos como Ayotzinapa, Guerra Sucia,Atenco,ABC, Tlataya, Tanhuato y Casino Royale.

También, se dejarán de atender  entre 150 y 200 notificaciones diarias de organismos nacionales e internacionales. La Unidad de Género de la CEAV  detendrá los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

Por último, la CEAV apuntó que a tender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.