Por: Vicente Flores Hernández
Con unanimidad la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estas beneficiarán a más de 500 instituciones de educación superior y sus investigadores, a los casi 25 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los más de 14 mil investigadores insertos en la iniciativa privada.
La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura aprobó las reformas a los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Estas permitirán la vinculación de investigadores de centros e instituciones públicas con el sector privado, evitando conflictos de intereses, lo que contribuirá al desarrollo económico de nuestro país y al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, indicó.
Sobre esto el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Jaime Urrutia Fucugauchi mencionó que “es alentador que los trabajos de la comisión hayan iniciado con la presentación de esta iniciativa y más que se haya logrado el consenso del pleno para su aprobación”.
En conferencia de prensa, tras concluir la votación en el pleno con 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Bernardo Quezada Salas, sostuvo que con la aprobación de la reforma “se ha reflejado prácticamente el anhelo de toda la comunidad científica del país al eliminar por fin el conflicto que existía en el desarrollo de ciencia y tecnología. Todas las bancadas están empujando el beneficio de los compañeros científicos; este conflicto de intereses hoy se ha roto y tenemos en la comisión la aspiración de que este país cambie a través de la inversión privada en el sector”.
Añadió que con este cambio México, estará en la posibilidad de pasar del lugar 11 al 5 entre las economías del mundo en inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, y que el conflicto de intereses metía al país en un retroceso muy importante en el arranque de este nuevo siglo.
Explicó que los científicos estaban limitados a generar inversión en proyectos porque se les consideraba servidores públicos al utilizar dinero público para la investigación, aunque reconoció que los países sí están obligados a invertir en investigación, “lo que es una aberración es que se ponga un candado para que esto no crezca”.
Al respecto, Quezada Salas añadió que antes de las reformas “no se podía promover o explotar innovaciones, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional ha hecho investigación y ha desarrollado una crema de caracol que permite eliminar las cicatrices con la baba de ese organismo, y eso no se podía comercializar porque se hizo en una universidad pública, pero al aprobarse las reformas se abrirán oportunidades con la iniciativa privada, y sobre todo habrá un beneficio para la sociedad”.
El doctor José Mustre de León, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que la institución que representa se verá beneficiada porque “realizamos una buena producción de investigación, pero desgraciadamente las patentes teníamos que venderlas a la industria extranjera, pero ahora que no tenemos conflicto de intereses, se va a fomentar que la investigación que estamos haciendo sea aprovechada por la iniciativa privada del país, no se va a ampliar drásticamente la cantidad investigación, porque esto ya lo hacíamos desde antes, pero la diferencia principal es que va a ser aprovechada en forma mucho más útil por la sociedad mexicana”.
Compartió que el Cinvestav es una de las instituciones que más patentes genera en el país gracias al trabajo de los investigadores, los cuales representan menos del 5% del total del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).”La unanimidad que se logró en torno al sector es un buen mensaje no sólo desde el punto de vista de la ciencia sino del legislativo.
Julio Mendoza Álvarez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional, abundó que “esto es un parteaguas para la comunidad científica porque va a abrir la posibilidad de llevar los desarrollos científicos a la comercialización, así, un investigador que además de hacer su investigación con todos los alicientes, ahora tendrá otras oportunidades. Realmente es algo que va cambiar mucho las cosas en el sistema nacional de ciencia y tecnología del país”.
Además, dijo, representa una ventaja para los jóvenes que están haciendo su doctorado, porque verán que hay una salida para ser socios o formar empresas, “es algo que les va a cambiar la mentalidad, incluso a los científicos que ya están establecidos en alguna institución”.
Por último, René Asomoza Palacio, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), consideró que esta legislación es un gran paso, “quita los candados que había para los investigadores que ahora podrán participar con sus desarrollos. Los investigadores ahora podrán generar ingresos, empleo y con esto también se va a frenar la fuga de cerebros, se va generar riqueza y empleo, porque ya no habrá conflicto de interés a la hora de comercializar el conocimiento”.
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