Por: Vicente Flores Hernández

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo, propuso al Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de Gobierno de los estados, que implementen acciones para erradicar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren al interior de los centros penitenciarios del país.

Invitó, a la Secretaría de Salud y a sus dependencias en los estados a diseñar e implementar programas de prevención del delito y atención, dirigida principalmente a la población recluida en los penales.

La senadora del grupo parlamentario del PAN en Senado de la República, estableció un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elabore un informe sobre la situación de las recomendaciones que ha emitido a los estados y la federación en cuando al sistema penitenciario.

Del Campo señaló que de acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, elaborado por la CNDH, el estado en que se hallan los reclusorios del país es lamentable, pues existe un gran número de deficiencias que representan una gran problemática.

Destacó que las mayores deficiencias incluidas en el diagnóstico, son las violaciones a los derechos humanos, carencias en los servicios para mantener la salud de los internos, sobrepoblación y aglomeración, inexistencia de programas de prevención de adicciones o desintoxicación para los internos con adicciones, entre otros problemas.

Ante este panorama, la senadora señala la necesidad de adoptar políticas públicas integrales que reúnan elementos de continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. Estas acciones, subraya, deberán incluir un modelo de política criminal acorde con las normas internacionales y de derechos humanos, que contenga información técnica, evaluaciones y datos científicos.

Comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido líneas de acción para atender el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios, como velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un enfoque integrado, sostenido y dentro de un plazo razonable.

Asimismo, recomienda optar por un diseño de política criminal, en la que se garanticen los derechos fundamentales, adoptar pasos concretos para asegurar un uso excepcional y racional de la prisión preventiva, y aumentar el empleo de medidas no privativas de la libertad, aplicando el principio del encarcelamiento como último recurso y el principio de la proporcionalidad.

La CIDH también ha recomendado fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública, las medidas para prevenir la reincidencia, así como garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables, entre otras medidas.

Gómez del Campo subrayó que es evidente que las reformas al sistema penal contribuirán a que haya menos personas en los centros de reclusión; sin embargo, resulta urgente que los gobiernos federal y de las entidades federativas rediseñen sus políticas para erradicar violaciones graves a derechos humanos y diversos problemas que ocurren al interior de los centros de reclusión.

el punto de acuerdo fue remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su análisis y su dictamen.