• De advertir una negativa reiterada e injustificada para que las y los educandos sean vacunados, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.
  • Por: Redacción/

A la luz del creciente riesgo para la salud pública e individual que trae consigo la falta de vacunación, el pasado 20 de mayo de 2020, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez.

Se prevé que este día el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda, que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, sea discutido y deliberado por el Pleno de la Cámara Alta.

La propuesta del Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, la cual fue dictaminada en Comisiones y se le dio primera lectura en la Sesión del pasado 23 de septiembre, establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda estarán obligadas a que las y los menores reciban las vacunas referidas, salvo que medie justificación médica certificada en contrario.

El incumplimiento deliberado o sin que medie justificación médica certificada para impedir contravenir dicha obligación dará lugar a que las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley en la materia para realizar acciones dirigidas a efectivizar la vacunación.

Asimismo, propone que las autoridades educativas y escolares de promuevan, en coordinación con las autoridades sanitarias, la aplicación de las vacunas y demás acciones dirigidas a proteger la salud de las y los educandos.

De advertir una negativa reiterada e injustificada para que las y los educandos sean vacunados, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para mediar en el caso.

Durante la última década, revela Monreal Ávila, el avance de los movimientos antivacunas se ha convertido en una preocupación global, estimulado por un sinnúmero de prejuicios de naturaleza religiosa, política y económica, así como por la dispersión masiva de un gran cúmulo de información falsa y anticientífica.

A principios de 2019, detalla, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la renuencia o rechazo a las vacunas es hoy una de las diez amenazas más graves para la salud mundial. Como resultado, informa, los gobiernos de todo el mundo han echado a andar leyes y políticas para obligar a las personas a vacunarse, así como a las madres y padres a hacerlo con sus hijos.

La propuesta tiene el propósito de poner sobre la mesa el debate en torno a la obligatoriedad de la vacunación en México, uno de los países cuya política en la materia es una de las más prestigiosas en el mundo, pero que ha comenzado a caminar en reversa en términos de inmunización, tal como lo muestran los brotes de sarampión que han afectado a la capital del país y al Estado de México, apunta el legislador.