Por: Redacción

El escenario es difícil y los resultados del nuevo sistema de justicia penal acusatorio han dejado más víctimas que victimarios en la cárcel, convocaremos a un foro nacional incluyente que nos permita a los legisladores hacer nuestro trabajo y modificar lo que sea necesario para revertir los aspectos negativos y encausarlo adecuadamente, indicó la vicecoordinadora de Proceso Legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Las deficiencias que impiden la efectividad de justicia en su lucha contra los delitos, obedecen a causas interrelacionadas que afectan a todos los eslabones del sistema, es decir, desde la policía, las fiscalías, los juzgados y las penitenciarías, es un tema complejo que debe de abordarse objetivamente entre académicos, jueces, autoridades estatales, federales y municipales y los diversos de la sociedad, indicó.

Advirtió que el diagnóstico institucional realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, señala problemas para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio tales como que la procuraduría no cuenta con la arquitectura institucional idónea para soportar los procesos, así como para evitar que se hereden las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto.

Asimismo, la propia PGR señala que existe una saturación del Sistema de Justicia Penal derivado a la debilidad en las habilidades de investigación, mismas que impiden una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución.

Otros estudios llevados a cabo en diversos países demuestran que una justicia de alta calidad compatible con un desarrollo económico sostenible requiere de una transparente, consistente, coherente y predecible interpretación de normas penales y civiles, exentas de abusos de discrecionalidad sustantiva y procesal.

“Esto no sucede en México, hoy vemos como la ciudadanía está cada vez más indefensa ante la delincuencia, por las serias deficiencias del NSJP, que no solo mantiene a los criminales al margen de la ley, sino que les ha permitido delinquir con mayor impunidad, creando incluso, nuevas estrategias para no encarar a la justicia” dijo Talavera Hernández.

La legisladora por Baja California recordó que el 95% de las personas en reclusión se encuentran sin sentencia, muchos de ellos, con el anterior esquema y pasarían años en espera de un juicio, otros están presos por cometer un robo cuyo monto es menor a 2 mil pesos, lo que nos cuesta millones de pesos a los mexicanos.

Explicó, además, que un procedimiento lleva en promedio 185 días en resolverse y presenta un costo de hasta de 55,000 pesos, contemplando los gastos del interno, lo que en muchos casos, va contra los derechos humanos del implicado.

Asimismo, el análisis “Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que el 73% de ciudadanos en calidad de víctima, probable responsable o testigo, no regresaría al Ministerio Público, porque considera que pierde el tiempo y no arreglan nada, así como el 76% cree que los ministerios públicos venden resoluciones y privilegios por dinero u otro beneficio.

El mismo estudio señala como una debilidad del sistema la posibilidad de que policías y peritos continúan fabricando investigaciones de escritorio, es decir, con base en formatos. Lo cual previene el desarrollo de líneas de investigación, la localización de testigos y la individualización del probable responsable.

En el mismo sentido, al hacer un monitoreo ciudadano a 640 audiencias en salas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México en el 2016, la organización México Unido Contra la Delincuencia detectó fallas o malas prácticas de jueces, ministerios públicos, defensores públicos y asesores jurídicos públicos en el 94% de los casos.

La falla más recurrente, en el caso de los jueces, según se detectó en el monitoreo, es la de mostrar parcialidad en favor del Ministerio Público (68 casos), y no procurar que se asigne un asesor jurídico público (58 casos). En promedio, en 2 de cada 10 actuaciones de los jueces se detectaron malas prácticas.

Cabe destacar que, con la desaparición de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), por parte de esta actual administración, ya no existe un organismo encargado de vigilar y monitorear la correcta implementación del sistema en todos los estados.

La legisladora federal adelantó que durante el periodo de receso, como parte de las actividades de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, solicitará la participación de todas las fuerzas políticas del país para darle curso a acciones claras y contundentes que deriven en las modificaciones urgentes y necesarias al Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.