Por: Redacción/

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, demandó a la Secretaría de la Función Pública (SPF), que integre a las investigaciones que realiza sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, que costó la vida a dos personas, el peritaje que realizaron ingenieros independientes el cual concluyó que el hundimiento se debió a la omisión en el cambio de un tubo del drenaje.

A más de un mes de ocurrido el accidente, criticó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desconozca quién fue el funcionario responsable de conservar una alcantarilla que se encontraba deteriorada, que estaba dañada, que tenía problemas y no hizo nada para corregir la falla, “esto ocasionó que el buto en cuestión se fracturara durante la construcción del Paso Exprés y también se tapara con ramas y basura”, apuntó.

Indicó que aunque la Secretaria de la Función Pública se apresuró a señalar que las conclusiones del peritaje independiente no tienen un carácter vinculante, urgió a la dependencia federal a sancionar a los servidores públicos o empresas responsables de las fallas que encontraron los especialistas.

Asimismo, expuso la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informe si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), realizó pagos anticipados con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en la construcción del paso Exprés de Cuernavaca.

Dijo que si existieran pagos anticipados será el máximo órgano de fiscalización del paìs, quien alcare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los rendimientos financieros generados por dichos reembolsos.

Asimismo, afirmó que en caso de que se comprueben pagos adelantados, la SCT deberá proceder a la recuperación del monto a la empresa responsable.

Por otro lado y derivado del análisis de la Cuenta Pública 2015, se destacó que la ASF pidió al Órgano de Control de la SCT, que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inmicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión instruyeron a la empresa contratista para que efectuara modificaciones al proyecto original sin contar con la aprobacióny autorización de las áreas responsables de su ejecución.

Así como la de incluir retornos, acotamientos laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantemiento, lo que dificulta su operatividad.