Por: Redacción/

El debate sobre la regulación de las redes sociales es impostergable, pues existe la necesidad de establecer reglas claras para evitar la desinformación y la proliferación de discursos de odio, pero también para proteger la libertad de expresión. 

Así lo consideró el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que actualmente la autorregulación de las empresas como Facebook o Twitter ha generado “una especie de caos difícil de entender”.  

El argumento en contra de regular, desde el ámbito público, a las redes sociales es que se trata de compañías privadas, que tienen el derecho de actuar conforme a sus lineamientos porque los usuarios aceptan sus términos y condiciones. 

Sin embargo, asentó Monreal Ávila, el servicio que brindan no solamente se otorga a través de infraestructura pública, sino que está comprobado que la falta de una regulación efectiva tiene consecuencias en el orden público, lo cual es enteramente competencia de los gobiernos. 

En un documento titulado “Regular el caos”, que publicó en redes sociodigitales, Monreal Ávila destaca que cuando un Estado violenta el derecho a la libertad de expresión, existen mecanismos, como el juicio de amparo, que permiten a la ciudadanía defenderse de tales abusos. 

 “Pero la efectividad de este tipo de mecanismos frente a una empresa privada es nula”, asentó el líder de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores.  

De esta manera, si alguien es censurado o ignorado en una red social, al denunciar un daño a su persona no existe forma para que pueda proteger su integridad.  

¿Cuál puede ser un mecanismo para que esto no suceda? Ése será un punto neurálgico en el debate. 

Aunque la participación de los gobiernos en la regulación de redes sociales se intensificó a partir de la censura aplicada al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cierto es que este debate, así como los intentos de algunos países por generar leyes al respecto, fueron anteriores a este episodio.  

El legislador expuso que en países como Alemania, Francia o Estados Unidos se han presentado iniciativas para discutir los alcances de la inmunidad de las empresas que prestan estos servicios y establecer su responsabilidad sobre el contenido que en ellas se publica. 

“Después de la victoria de Trump y del referéndum británico donde triunfó el Brexit, las redes sociales han estado bajo presión para generar mejores mecanismos de control, que eviten la proliferación de noticias falsas, contenido ilegal y discursos de odio”.  

“Parte de esta presión proviene de legislaciones nacionales en las que se ha buscado limitar la actuación de dichas empresas”. 

Ricardo Monreal explicó que, en este contexto, empresas como Facebook y Twitter han tratado de autorregularse, a través de un algoritmo que identifica lo que se considera como material inapropiado y lo que no, para decidir qué contenido se permite publicar.   

Pero se trata, advirtió, de mecanismo que convierten a las redes sociodigitales, no sólo en plataformas donde las y los usuarios publican materiales libremente, sino que, de manera natural, los inclina hacia un rol de editorialistas, en el que se puede censurar o no, cierto tipo de contenido.   

Esto abre dos preguntas importantes: ¿cuáles son los contenidos permitidos? ¿De qué manera y quién decide qué es considerado como material publicable? 

Dijo que hechos, como la decisión humana y no automatizada de bloquear las cuentas de Donald Trump o la de eliminar cuentas afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, han elevado el nivel de debate en torno al tema tanto en México como en Estados Unidos. 

“Suspender al presidente Trump a sólo unos días de que terminara su mandato, cuando había utilizado tanto Twitter como Facebook durante cuatro años para mandar mensajes que eran igual de censurables, levantó suspicacias sobre la temporalidad y, por lo tanto, la objetividad de la decisión”.   

“La cancelación de cuentas de Twitter que apoyan al actual gobierno de México, pero no de aquellas que lanzan mensajes de odio al Presidente, pone en entredicho la aplicación igualitaria de los términos y las condiciones de esa empresa”, manifestó Ricardo Monreal.