Por: María Manuela de la Rosa Aguilar/

Dos importantes exfuncionarios se encuentran actualmente detenidos en Estados Unidos bajo acusaciones de crimen organizado, lo cual no sería tan sorprendente si no fuera porque uno de ellos es nada menos que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual ha puesto en duda el prestigio de los militares que pertenecen a las fuerzas armadas. Pero como hemos dicho, un militar no hace al ejército ni un hombre a México. Y lo cierto es que habría que analizar las diversas aristas del Estado Mexicano y de la procuración de justicia; porque si hay impunidad, también nos debemos preguntar, a quien le corresponde velar porque exista un verdadero Estado de Derecho y que la justicia se haga efectiva, para que la sociedad cuente con la certeza jurídica que cualquier país democrático demanda.

La permeabilidad del sistema

¿Quienes son por antonomasia los representantes genuinos y legítimos del poder del pueblo, si no los gobernantes y los políticos? que tienen en sus manos la conducción del país. Pero vemos que en este sector que debería ser una figura paradigmática de la rectitud y honorabilidad, cuenta lamentablemente con una muy mala imagen ante la opinión pública, lo cual no es gratuito, ya que muchos han sido señalados e incluso procesados por sus vínculos con el crimen organizado. Vemos así los casos de:

Erick Ulises Ramírez Crespo, del PRD, alcalde de Cocula, Guerrero, quien fue procesado por delincuencia organizada en el 2016, ligado con el grupo de Guerreros Unidos.

Lucero Guadalupe Sánchez, diputada del PAN, procesada por sus nexos con el Chapo Guzmán.

Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, del PRI, investigado por recibir sobornos de los Zetas.

Juan Mendoza Acosta, alcalde de San Miguel Tololapan, Guerreo, del PRD, que fue expuesto en un video negociando con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, del PRD, procesado en el 2014 por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

María de los Angeles Pineda Villa, esposa de Abarca, vinculada a proceso por sus nexos con los Beltrán Leyva.

Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, del PRI, quien renunció a su cargo debido al escándalo suscitado cuando su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, apareció en un video negociando con “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.

Jesús Reina García, del PRI y sucesor de Fausto Vallejo, detenido por sus supuestos nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Salma Karrum, alcaldesa de Pátzcuaro, del PRI, detenida en el 2014 por sus supuestos nexos con La Tuta”.

Dalia Santana, alcaldesa de Huetamo, del PRI, Michoacán, también detenida por su relación con “La Tuta”.

Y así podemos mencionar a gobernadores como Mario Villanueva, de Quintana Roo, o de Tomás Yarrington, de Tamaulipas, etc.

Políticos, gobernantes, pero un secretario de la defensa nacional, nunca. Sin embargo, quince días después de la detención el gobierno mexicano externó su molestia por la detención del general Cienfuegos Zepeda a través de un mensaje diplomático, ya que no fue debidamente informado de tal detención, lo cual evidencia no falta de coordinación entre lo dos gobiernos, sino la desconfianza que existe. Mientras, el proceso sigue su curso en Nueva York.

La omnipresencia desafiante.

Y si bien muchos políticos has sido seducidos por el poder de los cárteles, también vemos como a diario y en todo el país las fuerzas de seguridad del Estado trabajan noche y día para combatir el crimen en todas sus facetas. Vemos al Ejército, a la Marina, las policías de los tres niveles de gobierno (aunque muchas de éstas han sido señaladas por haber sido corrompidas por el crimen), y también a la Guardia Nacional, que ha comenzado a dar fuertes golpes a los cárteles. Pero aún no es suficiente, pues no sólo pueblos enteros han sido cooptados, sino muchos políticos, que en su afán de triunfo aceptan el financiamiento de los cárteles para ganar puestos de elección popular, y por si esto fuera poco, los organismos de derechos humanos parecen estar muy al pendiente de encontrar hasta el motivo más insignificante para atacar a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, en aras de defender los derechos de flagrantes criminales. Y no pocos han perdido su carrera por tratar de cumplir con labor.

Así que es un doble y trile desafío el combate al crimen organizado, que parece ir avanzando más en el control del territorio nacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recientemente informó que se tienen identificados a 19 grupos delictivos, de los cuales 11 son cárteles con presencia en todo el país y de éstos, dos son los que dominan en más de la mitad del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación en 27 Estados y el Cártel de Sinaloa en 21. Ambos con presencia en Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Los demás cárteles mantienen su influencia de la siguiente manera:

El Cártel del Golfo en 14 estados.
Los Zetas en 13 Estados.
El Cártel de Noroeste en 5 entidades.
Guerreros Unidos en 4 estados.
La familia Michoacana en 3 Estados.
Los Beltrán Leyva en 3 estados.
El Cártel de Santa Rosa de Lima en 2 estados.
La Unión Tepito en 2 Estados.
Y a Fuerza Anti-Unión en 2 estados.

Según una investigación de Animal Político, sólo en el Estado de México operan 26 grupos criminales, responsables del tráfico de drogas, secuestros, homicidios, extorsiones, robos, feminicidio, etc., que trabajan principalmente para La Familia Michoacana y para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene ubicados a 6 y la Secretaría de la Defensa nacional a cuatro. Y vemos a la ciudad de México igualmente conflictuada por el crimen, no se diga Sinaloa y Guanajuato.

Principales cárteles mexicanos:

El territorio nacional pareciera un botín ya repartido entre bandas de muy alta peligrosidad, en el que sólo la voluntad generalizada podría acabar con tal amenaza. Esto es, con la voluntad política, la decisión del sistema judicial, el apoyo de la sociedad y el respaldo a la Guardia Nacional. Situación que no se ha dado en su conjunto.

Mientras, vemos la magnitud de la delincuencia.

Cártel de Sinaloa, lidereado por Ismael “El Mayo” Zambada, que controla gran parte de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California, Sonora y con cierta presencia en otros diez Estados. De acuerdo a la DEA, es el cartel con mayor presencia, ya que tiene influencia global, con actividad en 40 países de todos los continentes.

Cártel Jalisco Nueva Generación, lidereado por Nemesio Osegueda Cervantes, alias “El Mencho” y José Luis Mendoza Cárdenas. Tiene actividades en Jalisco. Baja California, Michoacán, Guerreo, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz, con presencia además en 14 países.

Cártel de Juárez, lidereado por Carlos Arturo Quintana, alias “El 80”, y Julio César Olivas Torres, alias “El Sexto”, (ambos detenidos en el 2018 por el Ejército), con presencia en Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez. Sin embargo, este grupo parece seguir operando.

Cártel del Golfo, lidereado por José Antonio Romo López, “Don Chucho” (detenido en el 2017 en Zacatecas) y José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, (detenido en San Luis Potosí en el 2019) que controlan Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo y una pequeña porción de San Luis Potosí. Tiene 12 grupos criminales, principalmente en Tamaulipas: Metros en Reynosa; Rojos en Matamoros; Grupo Lacoste y Grupo Dragones en Tampico; Grupo Bravo en Aldama; Grupo Pumas en El Mante; Grupo de Apoyo Ceros o M3 en Reynosa; Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Los Ciclones; y Los Pelones en Cancún, Quintana Roo.

Cártel de los Beltrán Leyva, lidereado por Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” y José Luis Ruelas Torres, con presencia en Guerreo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y ciudades de Estados Unidos como Los Angeles Chicago y Atlanta. Cuentan con 6 pandillas: tienen siete grupos: Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur), un grupo que opera en Sonora conocido como El 2000 (también identificado como El Panchillo o El Panchillo Huevos), Los Granados (oriundos de la región de Tierra Caliente de Guerrero), Los Rojos (que operan en la región norte y centro de Guerrero y Morelos), La Oficina (Aguascalientes y Baja California Sur), Los Ardillos (cuya actividad criminal se desarrolla en La Montaña y el centro de Guerrero) y el Cártel Independiente de Acapulco o CIDA, en Guerrero.

Los Zetas, lidereado por Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, que controla Campeche, Tabasco, Puebla, Quitana Roo, Coahuila y Tamaulipas. Tienen 9 escisiones criminales.

Cártel del Pacífico, con 8 pandillas: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), la barredora (Guerrero)

Los Arellano Felix, que dominan en Tijuana, B.C.

Los Carrillo Fuentes con dos pandillas: La Línea y Los Aztecas (Chihuahua)

La Familia Michoacana, con Guerreros Unidos o La Nueva empresa (Guerreo, Morelos, Estado de México)

Los Caballeros Templarios, cuyo líder, Enrique Plancarte cayó en un enfrentamiento en el 2014, sin embargo, mantiene su presencia en el Estado de Michoacán.

Violencia y muerte, el sello de la delincuencia.

México lleva más de una década luchando contra el crimen organizado, que ha dejado muerte y desolación y su sello más distintivo: la violencia cada vez más despiadada, que ha llegado ya a formar parte del paisaje cotidiano. Y la ironía es que mientras se ve como algo “normal” la violencia generalizada y la lucha entre cárteles que cada vez tienen sicarios más sanguinarios; cuando las fuerzas de seguridad del Estado osan siquiera tocar a un delincuente para detenerlo en flagrancia, el castigo que se pide contra un soldado, marino o policía, es no sólo excesivo, sino despiadado, implacable e incluso sádico, cuando el personal sólo trata de cumplir con su deber para acabar con la violencia.

Y entonces, ¿cuál es el incentivo? Porque no sólo no hay un salario digno, ni si quiera el más elemental de los reconocimientos a su labor.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Protección Civil, en los primeros meses del 2019, México registró un promedio de 94.8 homicidios por día. Sólo en el mes de septiembre 2,825. Y 25,890 de enero a septiembre

De acuerdo a Causa en Común, en México se cometen diariamente 99 homicidios.

La incidencia delictiva de enero a agosto del 2020 es de 1´600,224 delitos: 6,668 delitos por día.

¿Quién es e responsable de tanta impunidad?

De acuerdo a cifras del INEGI del 2018, por cada 100 mil habitantes hay 37,807 delitos. Esto es, que en relación a toda la población mexicana, se cometen 45´368,400 delitos.

Esto nos revela que prácticamente es imposible que incluso si todas las fuerzas armadas, las policías y la Guardia Nacional juntas puedan tener la capacidad para detener a millones de infractores.

Capacidad del sistema de justicia.

Y por otro lado, si la responsabilidad de la aplicación de la justicia recayera enteramente en el sistema judicial, vemos como humanamente es imposible exterminar al flagelo de la delincuencia.

En el 2008 había 3.58 jueces por cada 100,000 habitantes.

En el 2012 sólo 1. En el 2020, menos de 1, así que aunque se tuviera toda la voluntad de aplicar todo el peso de la ley para acabar con los delitos, un solo juez no podría con casi 40 mil causas, amén de los asuntos pendientes que se tiene de años y años.

México en este sentido sufre un rezago histórico. Incluso en el 2019 apenas alcanzaba el 6% del promedio mundial en número de jueces, que son alrededor de 16 por cada 100,000 habitantes.

Así que tampoco se puede hacer responsable al poder judicial por la omisión. El problema de la prevalencia del crimen organizado no sólo requiere decisiones de Estado, sino de la toma de conciencia general entre los gobernantes y gobernados, entre los tres poderes de la Unión, la Federación, los estados y municipios, la sociedad entera y las diversas organizaciones civiles. Pero sin una voluntad desprovista de afanes de poder esto se torna imposible. Así que no podemos hacer juicios lapidarios sobre un solo personaje, por importante que éste sea, porque la corresponsabilidad, hoy más que nunca, es una premisa obligada.

Fuenteovejuna, Señor.