• Expuso que en el tema de las adjudicaciones directas se debe tomar en cuenta el contexto que se vive.

Por. Redacción/

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, expresó que la transparencia y rendición de cuentas, así como el acceso a la información son elementos esenciales para consolidar el Estado de derecho.

Por ello, dijo, la Cámara de Diputados, en uso de las facultades establecidas en los artículos 69 y 93 de la Constitución, citó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a comparecer y rendir un informe del estado que guarda la dependencia.

Al dar por concluida ante el Pleno Camaral la comparecencia, la diputada Sauri Riancho expuso que de conformidad con el artículo séptimo, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Al dar respuesta, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, puntualizó que hoy se tiene un Gobierno más transparente, gracias a la profesionalización y convicción de transparentar los patrimonios, haberes y conflictos de interés. Este año se recibieron más de 717 mil 851 declaraciones patrimoniales, el 126 por ciento adicional a lo de 2019.

Expuso que en el tema de las adjudicaciones directas se debe tomar en cuenta el contexto que se vive; están basadas en la ley, son fundamentadas moralmente por las necesidades de la pandemia y derivan de la autorización que hizo el Consejo de Salubridad con motivo de la emergencia.

En este momento, dijo, se tiene la oportunidad histórica de transformar la Ley de Adquisiciones; hoy por hoy los procesos competitivos a través de las licitaciones son muy problemáticos, burocratizados y dan lugar a que se abuse de la utilización de las adjudicaciones directas.

Aseveró que el objetivo de la austeridad republicana ha sido eliminar los gastos superfluos y fortalecer el presupuesto asignado a las necesidades de la gente. Destacó que se redujeron los salarios de los altos funcionarios.

Al presidente de la República se le redujo 47.2 por ciento al salario tabular; a secretarios de Estado, el 30 por ciento; subsecretarios, 28 por ciento; a titulares de unidad, 20 por ciento; directores generales, 12 por ciento; a coordinadores generales y mandos medios, 7 por ciento, y a niveles inferiores a subdirectores y directores de área, cero por ciento.

Se eliminaron también costos de comunicación social, gastos de oficina. “Evidentemente nos hemos visto forzados, de forma directa con la pandemia, al trabajo en casa, videoconferencias, todo esto son medidas administrativas que han dado ahorros por más de mil millones de pesos”.

Sobre la cancelación de los fideicomisos, expresó que deriva de un estudio realizado respecto de cómo se mal usaron. “Porque se permitió un abuso absoluto del dinero público que emerge del presupuesto es que se decidió proponer una reforma administrativa para eliminarlos”.

Detalló que existen cuatro mitos: el primero, que se terminará con los apoyos a cultura, deporte, ciencia, lo que es falso porque los objetivos del desarrollo están ahí y los programas van a continuar. Terminará el uso discrecional de las grandes transferencias al sector privado.

El segundo mito es que ya no habrá dinero para los rubros financiados a través de los fideicomisos. Es una mentira porque ahí siguen los programas prioritarios y presupuestados. Se tendrá más fiscalización y control. El tercer mito es que habrá más discrecionalidad; es al revés: habrá más transparencia y control.

Finalmente, el tema de que sin fideicomisos ya no se financiarán proyectos plurianuales; también es falso porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite la ejecución del gasto a través de proyectos plurianuales.

La funcionaria resaltó que se audita de manera regular el manejo de los padrones y afirmó que se toman cartas en el asunto en la fiscalización a todas las cuestiones del desarrollo social. Informó que en 2019 el Órgano Interno de Control realizó una auditoría de desempeño al Programa Sembrando Vida, a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos y metas, determinándose nueve observaciones; siete están en proceso de solventación y dos ya están concluidas.

Destacó que gracias a la consolidación de compras en medicamentos y materiales de curación, el Estado tuvo ahorros por más de 19 mil millones de pesos. Precisó que se hicieron muchas asignaciones directas, pero también se impulsaron compras consolidadas.

Detalló que si bien los mecanismos competitivos y de licitación pública son los idóneos, “las adjudicaciones directas no son ilegales y, sobre todo, hoy frente a la pandemia no son inmorales; pero lo más importante es que ni siquiera son sinónimo de corrupción”.

Respecto al COVID-19, “realizamos no solamente las auditorías y la fiscalización, sino también hicimos visitas in situ y de inspección a diversos institutos del más alto nivel de salud pública”. También los contralores han ido personalmente al IMSS e ISSSTE y “hemos realizado casi 200 visitas a hospitales y unidades médicas en más de una treintena de entidades federativas”.