Por: Redacción

Para detonar el desarrollo económico y social del país, es indispensable elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo, afirmó el diputado Javier Pinto Torres (NA).

“Actualmente existen siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que evidencia una enorme carencia de oportunidades y limitantes para ingresar al campo laboral, entre ellas, la falta de experiencia”, dijo en un comunicado.

El legislador de NA indicó que en la capital de Colima se concentra el 4.0 por ciento del desempleo, de acuerdo con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de la entidad.

“Existen cerca de 20 mil desempleados (en Colima), donde la gran mayoría de ellos son jóvenes entre los 20 y 35 años de edad y un 30 por ciento entre 45 y 60 años”, señaló.

Pinto Torres celebró que, ayer jueves, la Cámara de Diputados aprobara reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para estimular la contratación de jóvenes de 18 a 25 años de edad, de campesinos, artesanos, ganaderos y empresas de mujeres.

El legislador de NA señaló que con dichas reformas se establecen las condiciones legales e institucionales que impulsan la incorporación económica de ese sector de la población.

“Los jóvenes juegan un papel muy importante en la generación de prosperidad, como agentes estratégicos del desarrollo nacional”, sostuvo.

Por ello, –precisó– los diputados de NA nos manifestamos a favor de las modificaciones a la referida ley, ya que se “abren las oportunidades para mejorar nuestra economía interna, generar empleos para los jóvenes y propiciar el desarrollo social”.

Detalló que dichas reformas también plantean sinergias que posibilitan combatir el desempleo de millones de jóvenes e impulsar al sector productivo a través de la incorporación de personas capacitadas en las diferentes áreas de producción y generación económica.

Con ello –agregó– el Estado incentiva a las empresas para que brinden oportunidades laborales a los jóvenes, mediante el otorgamiento de puntos, en los procesos que así lo requieren, con el propósito de concursar en las licitaciones para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios del sector público.

También se flexibilizan las condiciones para que grupos sociales con alto grado de pobreza y vulnerabilidad, puedan beneficiarse de contratos por parte de las entidades, sin tener que sujetarse a los procedimientos de licitación pública.

“De lo que se trata es que se les puedan otorgar contratos a través de los procedimientos de invitación o por adjudicación directa”, mencionó.