Por: Vicente Flores

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsa acciones encaminadas al desarrollo de las habilidades y competencias de personas próximas a ser liberadas, para su inclusión laboral mediante la vinculación, el fomento al autoempleo y la generación de proyectos productivos.

En cumplimiento del Artículo 18 constitucional, que establece que los centros de reclusión tienen el objetivo de corregir y preparar a la reinserción social, sobre la base de la promoción de la educación, la capacitación y el empleo, la STPS fortalece las acciones de sensibilización, difusión, organización y realización de cursos y talleres de capacitación para el trabajo, así como certificación de competencias laborales.

En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha instalado Mesas Interinstitucionales para la inclusión laboral de las personas en reclusión y sus familias (Mesas PROLABORA) en las 32 entidades federativas; estas mesas son espacios de coordinación interinstitucional en las entidades federativas, cuyo propósito es desarrollar acciones que ayuden a la empleabilidad de estas personas privadas de su libertad, próximas a ser liberadas.

En 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inscribió en el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia la acción institucional “Fortalecimiento de la empleabilidad de las personas próximas a ser liberadas”, que opera a través de las Mesas PROLABORA.

Mediante estas mesas se han realizado acciones innovadoras como la certificación de competencias laborales en los estándares de cosecha de hortalizas y cítricos de 178 internos en la colonia penal federal Islas Marías y el Centro de Readaptación Social número 3 de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, se cuenta con la participación de las instituciones educativas que incuban proyectos para el autoempleo de personas próximas a ser liberadas, mientras que la participación de los empresarios se ve reflejada en una mayor sensibilidad para la inclusión y en acciones concretas para promover la empleabilidad de esta población.

De enero de 2015 a marzo de 2016, se han llevado a cabo 22 jornadas de fortalecimiento en centros penitenciarios varoniles, femeniles y mixtos de 15 entidades federativas beneficiando a 987 personas privadas de su libertad próximas a ser liberadas (735 hombres y 252 mujeres).

Con estas acciones, el Gobierno de la República sienta las bases de una sólida política de atención e inclusión a la vida productiva en igualdad de circunstancias no solo a personas en reclusión próximas a ser liberadas, sino a personas con discapacidad, VIH/Sida, adultos mayores, de la diversidad sexual y mujeres jefas de familia, entre otros grupos vulnerables.

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, México cuenta en la actualidad con 387 centros penitenciarios, de los cuales 285 pertenecen al ámbito estatal, 74 al municipal, 17 al federal y 11 a la Ciudad de México; todos ellos cuentan con una capacidad para 203 mil 228 internos, sin embargo, actualmente hay 257 mil 291, es decir, existe una sobrepoblación de superior a los 54 mil.

Del total de la población penitenciaria en el país, 243 mil 916 son hombres (94.8 por ciento) y 13 mil 375 son mujeres (5.2 por ciento), además de que 207 mil 879 casos (80.8 por ciento) corresponden al fuero común y 49 mil 412 (19.2 por ciento) al fuero federal.

Dicha sobrepoblación genera hacinamiento, que provoca malas condiciones de alimentación e higiene y muy pocos o nulos espacios para la instalación de talleres productivos, formativos y, de capacitación; así como la escasez de recursos, que ocasiona reducción en los espacios productivos que conllevan a deficiencias para su adecuada capacitación y reincorporación a la vida laboral y productiva.