Por: Redacción

La diputada del GPPRD Karina Barón Ortiz, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortó al Secretario de Relaciones Exteriores a realizar acciones eficaces que garanticen la seguridad y derechos humanos de personas repatriadas afectadas por las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos.

También invito al Comisionado del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, refuerce las medidas realizadas a través de los diversos programas de protección a migrantes, a fin de darles un trato digno y seguro a las personas repatriadas.

Dijo que dadas las nuevas condiciones de la política exterior de los Estados Unidos, se presume que una gran cantidad de mexicanos volverán, en carácter de repatriados, a nuestro país por el efecto Trump de tal suerte será necesario el establecer de políticas, estrategias y recursos que les puedan dar cabida en la sociedad mexicana.

Ante las amenazas, indicó, México debe accionar más que reaccionar: “Es necesario que nuestro gobierno tenga y aplique una estrategia firme en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y los repatriados que sea digna de nuestra soberanía nacional. Si no se emprenden acciones eficaces, entonces podríamos empeorar la, de por si grave, crisis de derechos humanos”.

La legisladora Barón Ortiz señaló que las políticas anunciadas -y muchas de ellas ya decretadas-, por el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América sobre eventuales repatriaciones, afectan intereses y derechos fundamentales de personas, organismos y países.

En tal sentido, México debe implementar políticas públicas de empleo, educación y demás variables sociales para: retener voluntariamente a la población en su territorio; lograr el retorno progresivo de sus ciudadanos que han emigrado por no tener satisfechas sus necesidades de todo tipo; brindar todo tipo de apoyo a sus nacionales que viven en otros países, a través de las embajadas y consulados y por medio de acuerdos bilaterales y multilaterales, intergubernamentales y de otro tipo, añadió.

Por ello, señaló la urgencia de crear las condiciones para desarrollar una estructura de soporte, de defensa jurídica, de atención pronta y sistemática, aquí y allá, en la red consular, ya que datos de la Secretaría de Gobernación señalan que, tan solo en enero y febrero del 2017 se presentaron 25 mil860 eventos de repatriación de mexicanos desde los Estados. En el primer bimestre de 2017 se repatriaron 2 mil 276 mexicanos oaxaqueños.

Barón Ortiz indicó que no permitiremos una estrategia más como el fallido Programa Frontera Sur, el cual fue aplicado bajo el argumento de “regular el flujo de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, para garantizar un clima de respeto y protección, buscando así fomentar una cultura de legalidad a los derechos humanos” sin obtener verdaderos resultados.

Señaló que es imperioso, urgente y prioritario, construir las estrategias específicas ante la amenaza que viene del exterior, es importante reiterar que nuestra Carta Magna determina en su artículo primero que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por ello, manifestó que es de suma importancia que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración actúen con apego los principios que se señalan en el artículo segundo de la Ley de Migración

Finalmente, consideró de tener en cuenta que todos los días entre 400 y 500 personas son regresadas al país a través de la frontera norte en cruces como Tijuana, Nuevo Laredo, Mexicali, Reynosa y Ciudad Acuña, entre otros.