• El diputado Éctor Jaime Ramírez demandó a la Secretaría de Salud que informe sobre donaciones de equipo médico que “perdió”, bajo su custodia.

Por: Redacción/

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aseguró que hasta el 19 de agosto se habían aplicado en el país 79 millones 399 mil 398 dosis de vacunas contra Covid-19 desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero el país ha recibido 93 millones 992 mil 915 dosis de vacunas de seis farmacéuticas, es decir, “hay una diferencia de más de 14 millones que no se están aplicando y que no sabemos dónde están, de acuerdo con lo que reconocieron las propias autoridades federales”.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señaló que pasan las semanas y Secretaría de Salud no ha podido explicar dónde se encuentran los millones de dosis de vacunas compradas.

“Las autoridades federales deben investigar qué pasó con los millones de dosis faltantes y explicar a los mexicanos que están sin protección, las razones por las cuáles no se han aplicado”, indicó en un comunicado.

Agregó que por si este “extravío” fuera poco, se sabe que de acuerdo con la auditoría 9/21 de la Secretaría de la Función Pública, efectuada a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) de la Secretaría de Salud, se determinó que la institución carece de documentos que acrediten cuál fue el destino final de activos que recibió como donación durante la pandemia.

Dijo que de acuerdo con los datos de la auditoría, mascarillas KN95, gel antibacterial, trajes de protección, ambulancias, guantes de nitrilo, medicamentos, así como ventiladores, forman parte de los múltiples insumos donados por particulares a la Secretaría de Salud, con un valor de 364 millones de 997 mil pesos, “y que hoy no se sabe dónde están”.

La auditoría fue entregada el 23 de junio de este 2021 a la Secretaría de Salud y la dependencia tiene hasta el 30 de agosto próximo para solventar las observaciones, de lo contrario, estarán incurriendo en un grave delito; por ello presentaremos las denuncias correspondientes, comentó el legislador panista.

Se sabe por dicha auditoría que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública realizó convenios de colaboración, desde el pasado 30 de marzo de 2020, con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para la distribución de donaciones otorgadas por instituciones y organizaciones públicas y privadas, por un monto de 181 millones 164 mil 842 pesos. No obstante, de acuerdo con una revisión del destino de los insumos donados, la Función Pública determinó que la Secretaría de Salud carece de “informes de uso y distribución que sustenten las donaciones realizadas”.

Entre los insumos donados por farmacéuticas, asociaciones y empresas, así como particulares, se encuentran: 64 mil 950 caretas de plástico; seis ambulancias, donadas por la empresa Adamed S.A. de C.V.; distintos medicamentos entregados por Laboratorios Liomont S.A. de C.V.; así como ventiladores, oxímetros, batas de aislamiento y una ambulancia Mercedes Benz modelo 311 Sprinter, entregada por la empresa F2 Services S.C. Además, se documenta que, entre los artículos o equipo médico que fue donado y que ya no encuentra la Secretaría de Salud, también se encuentran 41 ventiladores adulto pediátrico y adulto pediátrico neonatal, los cuales tuvieron un costo de 48 millones 472 pesos.

La gestión realizada para atender la pandemia por Covid-19 que corresponde a las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, INSABI, la Secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional, se realizan con una gran opacidad y falta de información.

“Ante esto, es urgente la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación para evitar desvió o robos de insumos, equipo y material que puede salvar la vida a muchos pacientes en estos momentos”, enfatizó Ramírez Barba en un punto de acuerdo presentado este miércoles 25 de agosto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación deben iniciar un proceso de revisión de la gestión financiera del año en curso y el manejo de los bienes que están haciendo las autoridades sanitarias, ante las posibles irregularidades cometidas durante 2020 y lo que va de 2021.

Y en su caso, deben proceder e iniciar los procesos de responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, agregó.

“Como es evidente, en los últimos meses la demanda de vacunas, insumos y equipo médico para contener la epidemia ha aumentado, ante la creciente incidencia de contagios y enfermos; ello hace necesario que todas aquellas compras en el Sector Salud se hagan oportunamente, pero también con total transparencia; así como de las donaciones que recibe el Gobierno Federal”, finalizó Ramírez Barba.