La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a la Cámara de Diputados que a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), se brinda asesoría legal a las comunidades indígenas de Oaxaca y de la República Mexicana, para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal a fin de preservar su patrimonio, cultura e identidad.

Destacó que en el Indautor no hay ningún tipo de registro como según “había circulado en distintas redes sociales”. Además, se ha proporcionado la asesoría a los artesanos de Oaxaca, por lo que “es falso que artesanías oaxaqueñas estén registradas por Francia”.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria y dado a conocer en la Comisión Permanente, el Indautor recalca su asesoría legal a las comunidades indígenas de Oaxaca y del resto del país que así lo requieran.

El pasado 26 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Nacional de Derechos de Autor ofrecer asesoría jurídica y apoyo necesarios a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para la defensa de los textiles producidos de manera artesanal, y preservar su patrimonio, cultura e identidad.

Los legisladores refirieron la presunta intención de una diseñadora francesa, Isabel Marant, que en julio de este año presentó como propia la blusa tradicional de ese poblado oaxaqueño, e inició un juicio para obtener los derechos sobre la prenda, patentar su diseño tradicional y explotar el bordado.

Mencionaron que una prenda de este tipo, en el mercado local cuesta cerca de 300 pesos, y en tiendas de marca, alrededor de cinco mil pesos, y señalaron que las comunidades enfrentan el despojo de su creatividad, reflejo de su cosmovisión en un mercado totalmente asimétrico, en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura “de patente” como los diseños “de renombre”; incluso, en el colmo de los males, los creadores originales son acusados de plagio.

Consideraron obligación del Estado apoyar con políticas públicas y medios necesarios que garanticen el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades indígenas y el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales a su favor”.