Por: Montserrat Sánchez Maldonado

El grupo parlamentario perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) insistió, ante el Senado de la República, que se mantenga la ayuda por parte del Grupo de Expertos Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La ayuda se realizaría a través de una fiscalía especializada que se crearía en la Procuraduría General de la República, con el fin de auxiliar en su trabajo a las autoridades mexicanas.

Legisladores panistas demandaron los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados en México, ya que de acuerdo a su percepción, la regla en estos acontecimientos sigue siendo la impunidad ,y para poder contrarrestarla es necesario fomentar el cauce a una investigación que realmente haga del conocimiento público la verdad de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero.

“Para los senadores de Acción Nacional es indispensable que el Ministerio Público federal se constituya como un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito, bajo los principios de objetividad y lealtad, sin ataduras o sesgos de carácter político que la gravedad del asunto exige” aseveró la senadora Pilar Ortega Martínez, legisladora en Guanajuato.

Así mismo, solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga en el desarrollo de las indagatorias, lo mismo que el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), para que garantizar el principio de máxima publicidad y transparencia absoluta.

De acuerdo con declaraciones por parte de la senadora de Guanajuato, no se debe desviar la atención de lo que debe ser el aspecto central, porque lo que la sociedad mexicana está pidiendo, así como las víctimas directas e indirectas de los terribles sucesos, es conocer la verdad y obtener la justicia.

Ortega Martínez recalcó la necesidad de obtener la certeza de quién o quiénes fueron los autores materiales o intelectuales de estos hechos y, sobre todo, de cuál fue el destino de los desaparecidos.

Es fundamental, prosiguió, que el debate no se convierta solamente en una pugna de grupos o intereses políticos, sino que se generen conclusiones reales que ayuden en la construcción de unas instituciones que realmente tengan credibilidad para los mexicanos, pues considera que el país está sumido en una grave crisis de credibilidad hacia las instituciones.

“El Estado mexicano debe garantizar el establecimiento de la verdad, y por desgracia no cuenta con fortaleza institucional para llegar a ella. Un gobierno que incumple sus responsabilidades con aquellos que han sido lastimados, sólo evidencia debilidad institucional”, subrayó.

Por su parte, la senadora panista Adriana Dávila Fernández, legisladora por Tlaxcala, dijo que en México lamentablemente hay muchos “Ayotzinapas” y que el debate en el Senado al respecto no es sólo por Guerrero, sino por Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Durango y Chihuahua.

De igual manera, destacó que para que la justicia sea integral, se requiere investigar, perseguir, detener y sancionar con todo el rigor de la ley a los criminales, asegurando que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes no debe por ningún motivo repetirse jamás en este país.

A su vez, el senador Víctor Hermosillo y Celada, senador de Baja California,  sostuvo que estamos ante una situación muy grave y pidió que los 43 normalistas desaparecidos no sean usados políticamente.

“Espero que el caso Ayotzinapa sirva para que se esclarezcan otros casos de desapariciones, no porque otros no tengan fuerza política debemos de desecharlos; tenemos que empezar a ser un país de leyes” comentó el legislador.

Por último, la senadora Silvia Garza Galván destacó la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el tema –mismo que el pleno del Senado aprobó enseguida por unanimidad–, por respeto al gran dolor que se vive en cada rincón del país.