Por: Montserrat Sánchez Maldonado 

Los senadores panistas Silvia Garza Galván y Pilar Ortega Martínez, José María Martínez Martínez, advirtieron, ante la procuradora general de la República, Arely Gómez González, que México atraviesa por una severa crisis en materia de derechos humanos y tiene un sistema de justicia ineficaz, esto en el marco del tercer informe de gobierno en el rubro de política interior.

“Actualmente nos encontramos en medio de la crisis más grave en derechos humanos en la historia reciente de nuestro país, y los casos de Ayotzinapa, Apatzingán y Tlatlaya son de las mejores muestras”, aseveró Garza Galván.

De igual manera,  calificó como prepotente la actitud del gobierno federal ante la visita que realizó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para revisar el estado de los derechos humanos en nuestro país.

“El informe preliminar fue presentado apenas hace unos días y desacreditado de forma inmediata por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lo que le ruego, señora procuradora, no caiga en el juego en el que han caído otras dependencias de aislarse de la realidad negando su existencia”, indicó Garza Galván.

De acuerdo con la senadora panista, considera que a pesar del  poco tiempo que lleva Gómez González en el cargo, los errores, acciones y, especialmente, las omisiones de su antecesor la perseguirán de una forma importante durante toda su administración.

“Sería erróneo afirmar que la procuración de justicia en el país va por buen camino. No podemos permitir que, a sabiendas de que se tenía conocimiento de riesgo de una posible fuga de ‘El Chapo’ Guzmán no se haya tenido la inteligencia de extraditarlo cuando así fue solicitado”, enfatizó.

“No se puede tener una Procuraduría con opacidad, señaló, en donde sólo se otorga respuesta a un 45% de solicitudes de transparencia solicitadas, y no podemos seguir negando una y otra vez que en México no se violan los derechos humanos”, puntualizó.

Por su parte, la senadora Pilar Ortega Martínez,  afirmó que la situación que viven las víctimas del delito de ninguna manera es alentadora, como lo demuestra la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en donde refleja que el año pasado, había 22.8 millones de víctimas de 18 años o más, lo que significa 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes.

“Ante este panorama y el creciente número de víctimas que claman justicia y reclaman un Estado de derecho, el Poder Legislativo ha expedido las bases tanto constitucionales como legales para tutelar el derecho fundamental de la víctima a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, como la Ley General de Víctimas”, precisó.

Asimismo, destacó que “nuestro país demanda de la dependencia esta transición que anhelamos a un órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito bajo principios de objetividad, lealtad y sin ataduras o sesgos de carácter político.

“Se necesita de una institución que con rigor jurídico y plena autonomía ejerza con dignidad y pleno respeto al Estado de derecho la defensa de la víctima, y que sea un órgano de acusación eficaz con la capacidad para lograr el esclarecimiento de los ilícitos”, así lo definió Ortega Martínez.

Algunas de las demandas solicitadas por la legisladora, fueron la protección al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen y por último, un sistema que sí genere justicia y donde prevalezca la verdad.

Por su parte, Martínez Martínez mencionó que el acceso a la justicia debe ser un auténtico derecho y no un lujo.

Reveló que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar número 58 de los 193 de las Naciones Unidas en materia de impunidad, y el penúltimo lugar de los 59 países que fueron objeto de ese estudio.

“Estamos hablando de que todas las denuncias de todos los asuntos que debería ver la Procuraduría no se han integrado debidamente y, por tanto, no han concluido en un castigo de acuerdo al delito que se consigna”, alertó.

Por último, el legislador por Jalisco solicitó a la procuradora definir una estrategia para combatir la impunidad, mejorar los procesos que permitan consignar delitos y castigar a los responsables y que no se evada la justicia.