Por: Redacción/

La Secretaría de Bienestar debe informar quién paga u otorga apoyos a los 230 mil beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”, así como dar a conocer en versión pública los comprobantes de pago de 10 personas que hayan colaborado en cada lugar o región donde se ha implementado, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que el Instituto interviene para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber y lo usen como una herramienta para conocer la gestión pública.

“El particular solicitó conocer quién les paga a los 230 mil trabajadores rurales y, en caso de que sea el gobierno, que se entregué la versión pública de 10 personas que hayan colaborado en cada lugar o región donde se haya implementado. No pide los comprobantes de pago a los 230 mil, sino solo 10 por cada lugar en donde este programa haya sido operado. Es una solicitud que se acota a una representatividad, a una muestra”, precisó Acuña Llamas.

La solicitud de acceso a la información incluía el nombre de la empresa en la que fueron adquiridos los árboles maderables y frutales; los comprobantes de adquisición de los árboles; la ubicación en donde fueron sembrados; evidencia de la siembra; quién le paga a los 230 mil trabajadores rurales y los comprobantes de pago de 10 personas que hayan colaborado en cada lugar o región donde se ha implementado el programa.

El sujeto obligado informó que los árboles son proporcionados a través de un convenio realizado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o fueron producidos en los viveros comunitarios del programa; asimismo, proporcionó un disco compacto con los nombres de los beneficiarios y el estado en donde se encuentra su parcela, e indicó que las fotografías de algunas de las siembras y trabajos en los territorios pueden encontrarse en las redes sociales del programa.

Sin embargo, omitió precisar quién les paga a los 230 mil trabajadores rurales, así como proporcionar los comprobantes de pago de 10 personas que hayan colaborado en cada lugar o región donde se ha implementado el programa.

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la Secretaría de Bienestar entregó información incompleta. En alegatos, el sujeto obligado modificó parcialmente su respuesta inicial, señalando que, de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 2019, dicho programa no cuenta con trabajadores rurales.

En el análisis del caso, la Ponencia del Comisionado Presidente del INAI determinó que el sujeto obligado llevó a cabo una interpretación restrictiva de la solicitud, pues únicamente respondió que “Sembrando Vida” no cuenta con trabajadores rurales; sin embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estableció una meta total de 230 mil campesinos para recibir apoyos económicos por dicho programa.

Cabe señalar, que el pasado 9 de octubre de 2019, durante la conferencia matutina del Presidente de la República, la titular de la Secretaría de Bienestar refirió que dicho programa contaba con un padrón de 229 mil 91 sembradores registrados. En ese sentido, la ponencia subrayó que el solicitante busca conocer, quién paga u otorga los recursos a los beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”; así como la comprobación de la entrega de recursos; no obstante, el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva que impidió al ahora recurrente obtener la información.

Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Secretaría de Bienestar y le instruyó a realizar una búsqueda de la información que dé cuenta de quién le paga u otorga apoyos a los 230 mil sembradores sujetos de derecho o beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”, así como los comprobantes de pago de 10 personas que hayan colaborado en cada lugar o región, en donde se ha implementado.