Por: Oswaldo Rojas

A casi cinco años de que se hallaran en San Fernando, Tamaulipas, los cuerpos de 193 migrantes latinoamericanos, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció a dos de los familiares como victimas directas del delito. Reconocimiento que les otorga el acceso a las constancias de las averiguaciones previas, mismas que podrán fotocopiar para su uso. Hasta ahora un hecho sin precedentes.

Como propuesta del Ministro Jorge Mario Prado durante la sesión plenaria de este miércoles  La Primera Sala de la Corte votó a favor de concederles el amparo de protección de justicia federal a Bertila Parada de Osorio, madre de uno de los migrantes, y a Alma Yessenia Realgeño, ambas salvadoreñas.

En un primer momento la Procuraduría General de la República (PGR) negó el acceso a las averiguaciones previas por tener un carácter reservado, que excluía a los familiares como víctimas.

El ministro Arturo Zaldivar Lelo atrajo el caso bajo la consideración de que su análisis permitiría sentar criterios relacionados con el acceso a la información cuando los casos involucren graves violaciones a los derechos humano.

Tras la resolución que la acreditó como víctima Bertila Parada dijo: “Hay mucha esperanza de que se haga justicia por los 193”.

También reconoció que en su reciente visita a la PGR no obtuvo nueva información sobre el seguimiento al caso. Al ser cuestionada sobre si exigiría la reparación de los daños Bertila Parada de Osorio dijo que: “Todavía no. Hasta que salga la sentencia”.

Está resolución se discutió por medio de un recurso de revisión, discutido hoy en la Primera Sala, y que permitirá la contemplar la posibilidad de identificar a una persona o familiar como víctima, desde cuándo se le concede esa categoría y por tanto, si debe tener acceso a los expedientes.

La abogada, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, dijo que la falta de orden en los aparatos periciales llevaron a los familiares ha recuperar los cuerpos de sus familiares tan solo años después. Por lo que considera que el caso de las fosas de San Fernando, así como su subsecuente discusión en la SCJN, representará un precedente en los delitos de desaparición forzada.

Sobre lo que esperan encontrar ahora en las investigaciones afirmó que era necesario “ver lo  que había ahí”, pues actualmente cuando uno litiga el acceso a esta información es poca y distante.