• Organizaciones civiles denunciaron que el acuerdo del Presidente López Obrador es contrario a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la participación militar en tareas de seguridad pública.

Por: Oscar Nogueda/

A un año de la publicación del acuerdo presidencial que faculta a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública durante cinco años, el Colectivo Seguridad Sin Guerra destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de este acuerdo, por lo que sentenció que ninguna institución ha realizado esfuerzos para llevar a cabo el plan de desmilitarización.

“Hoy la SCJN, inexplicablemente, guarda silencio sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial , mientras el tiempo corre y de los cinco años quedan tres sin que ninguna institución realice esfuerzos para cumplir con el plan de desmilitarización aprobado en la reforma que dio vida a la Guardia NACIONAL”, indicó el Colectivo.

Por ello, reiteró que la Corte debe atender los recursos legales contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como contra dicho acuerdo. Asimismo, subrayó  la necesidad de realizar audiencias públicas sobre este tema, con el objetivo de que los ministros conozcan los distintos puntos de vista sobre estas normas.

El acuerdo presidencial en materia de seguridad pública  fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo del año pasado para garantizar la participación de las Fuerzas Armadas durante cinco años, periodo establecido para la consolidación de la Guardia Nacional.

A pesar de ello, organizaciones civiles denunciaron que el acuerdo del Presidente López Obrador es contrario a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la participación militar en tareas de seguridad pública, así como a la legislación de la Guardia Nacional.

El Colectivo destacó que este acuerdo representa  el incumplimiento de la promesa de desmilitarización del país y del cumplimiento de las obligaciones integradas en la reforma constitucional de la nueva corporación de seguridad.

“Desde que en 2006 Felipe Calderón desplegó al ejército, la participación de la Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden ha sido marcada por la opacidad y la discrecionalidad. En todos estos años se ha evidenciado que se trata de  una estrategia fallida  en materia de seguridad, que se ha traducido en más de 400 mil  personas asesinadas, más  de 85 mil desaparecidas y más de 4 mil fosas clandestinas”, dijo el Colectivo.

El Colectivo llamó al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a realizar un estudio abierto y público sobre los límites constitucionales de la participación militar. Por ello, subrayaron que la Corte no debe posponer la discusión sobre este asunto para garantizar un estado de derechos democrático y respetuoso de los derechos humanos.