Por: Aldo Herrera

Es reprobable que en el país haya sucesos violentos donde la seguridad, los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño se eliminen; por tanto, urge que los ejecutivos federal y estatal, y sus organismos de seguridad, cumplan con la protección a la infancia que mandata la Constitución.

Así lo demandó la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Juárez Piña (PRD), al referirse a los enfrentamientos entre la población civil y miembros de las fuerzas armadas del gabinete de seguridad nacional, ocurridos el pasado 19 de julio en la comunidad de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, donde se confirmó el fallecimiento de dos menores de edad, un adulto y un número indeterminado de heridos.

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Por estos hechos, la legisladora presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar y consignar a los responsables de dichos actos.

Asimismo, solicita al gobernador de ese estado a tomar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no se repitan y brindar a los afectados el apoyo psicológico y legal que requieran, así como reparar el daño que en derecho proceda.

Señaló que “es alarmante que existan actos violentos, pero más aún cuando pierden la vida menores de edad, quienes deben ser los más protegidos en su integridad y derechos”.

Consideró inaceptable que se trasgredan, además, tratados internacionales y la Constitución Política, la cual contiene un marco amplio de garantías dirigidas a los menores, tales como el interés superior del niño, la no discriminación y el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y participación.

Agregó que se violentan también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo cual es responsabilidad de las autoridades correspondientes consignar a quienes resulten responsables.