• La Alianza subrayó que las autoridades mexicanas no han dado a conocer un plan de acceso a la vacuna para las personas que no cuentan con la CURP.

Por: Oscar Nogueda/

La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia denunció que el registro de vacunación del gobierno mexicano requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) para registrarse en el portal, por lo que excluye a la población migrante  que no cuenta con este documento y representa un riesgo para la salud pública.

“La vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad del que adolece el Estado mexicano. Hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento”, detalló Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

Adicionalmente, la Alianza subrayó que las autoridades mexicanas no han dado a conocer un plan de acceso a la vacuna para las personas que no cuentan con la CURP. Asimismo, sostuvo que el gobierno de México falló en garantizar  el acceso efectivo a la salud y  medidas de detención del contagio para las personas migrantes.

“El acceso a la vacuna para todas las personas, incluidas las que se encuentran en movilidad en los diferentes países de la región centroamericana, independientemente de su condición migratoria, es crucial. Debe ser provista sin discriminación. No es una prerrogativa, se trata de garantizar el principio de igualdad de condiciones”, dijo Vinicio Sandoval, director del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional,  exhortó al gobierno mexicano y de Centroamérica a coordinar las rutas de acceso a la vacuna poniendo en el centro de las acciones a todas las  personas  sin distinción.

“Estas autoridades deben generar políticas de salud y planes de vacunación que en la práctica sean incluyentes para evitar poner en riesgo la salud pública nacional y regional. La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio”,  finalizó Guevara Rosas.