Por: MUGS/Redacción

Durante la inauguración del seminario Perspectivas comparadas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz Salazar, señaló que el reto más importante para pelear contra la corrupción, es la unión que se debe establecer entre ciudadanos y gobiernos para lograr un cambio cultural de fondo para toda la nación.

Luis de Mello, subdirector en el área de gobernanza pública y desarrollo territorial de la OCDE, indicó que la reforma aprobada que crea el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un gran potencial para mejorar significativamente la gobernabilidad pública del país.

Señaló que este seminario busca proporcionar elementos al proceso de discusión y preparación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, “buscaremos compartir con ustedes buenas prácticas de países de la OCDE, a fin de brindar información que alimente el proceso legislativo”.

También destacó que se están llevando a cabo estudios de cooperación en temas como la gobernanza y compras públicas del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como del Sistema Nacional de Fiscalización que busca evaluar las fortalezas de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, durantre el seminario organizado conjuntamente con la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la legisladora priísta, señaló que el Senado de la República tiene el reto de crear la legislación secundaria para permitir la operación a la reforma constitucional, la cual es creada por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Enfatizó que en México se propuso una agenda de cambios muy ambiciosa y se están tomando decisiones “valerosas y trascendentes en materia de anticorrupción, porque de esta reforma dependerá el éxito en la implementación de todas las demás”.

En tanto, Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, destacó las diversas modificaciones hechas al artículo 6° de la Constitución Política, que tienen como eje central la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información pública y el respeto a las libertades de prensa y expresión.

El legislador perredista, declaró que, pese a los avances logrados, aún falta replantear el derecho a la privacidad e intimidad de las personas. Al mismo tiempo, explicó, será analizada la Ley General de Archivos, ya que se requiere tener toda la información sistematizada y en formatos accesibles a la población.

“Una vez que se conforme el Sistema Anticorrupción se requiere hacer una reforma al Poder Judicial para atacar uno de los problemas más lacerantes del país: la impunidad, porque ésta es la fuente de la que surge la corrupción, y mientras no sean sancionadas estas conductas, no se resolverá el problema”, manifestó.

A su vez, la senadora Lisbeth Hernández Lecona señaló que la ética y la moral de las personas son los factores fundamentales para combatir la impunidad y corrupción, especialmente de los servidores públicos, quienes debieran conducirse con cabal sentido de honestidad y transparencia.

La legisladora explicó que los tres poderes deben entrar en el camino de la transparencia y anticorrupción. Debemos hacer una conciencia en este sentido, por ello se deben orientar mecanismos preventivos que ayuden a restaurar la confianza en los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, puntualizó que la iniciativa para crear un Sistema Nacional Anticorrupción revela que México enfrenta un problema que demanda la máxima atención, y que por primera vez pretende atacar este fenómeno desde una perspectiva multifactorial que se integra en una política de Estado.

Indicó que en el momento actual en que se abordará el diseño de las leyes secundarias que darán origen al Sistema Nacional Anticorrupción, existe un dilema: estructurar los cambios que eviten la fragmentación de las instituciones, o bien, entrar en un debate político donde la esencia del cambio gire en torno a ofertas partidistas, desvinculadas de la meta originalmente planteada.

Por su parte, el magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dijo que es necesario promover la integridad para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por la Constitución Política.

Mencionó que en la ley existen mecanismos para el cumplimiento de este objetivo, como la fiscalización y control para orientar, supervisar y evaluar las acciones de los servidores públicos, los cuales deben apegarse a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.

En tanto, Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), subrayó que a partir de la orden constitucional se genera una red de acciones e instituciones que permitirán erradicar la corrupción, “que sin duda deben merecer las sanciones más altas que se impongan en el país”.

Para concluir, Villalobos calificó al INAI como un organismo preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia, el acceso a la información y con el Sistema Nacional de Transparencia, el cual habrá de coadyuvar en estas otras funciones que permitan construir uno de los pilares del combate a la corrupción.