Por: Redacción

Organizaciones civiles  exigieron al Senado de la República reconsiderar la ley de disciplina financiera, misma que indican, que el Ejecutivo Federal pueda garantizar un refinanciamiento de deuda que es inconstitucional de origen ya que no viene emparejado de una auditoria de la deuda contratada en un principio y en donde puede constatarse el origen de la misma.

El dictamen, de aprobarse, permitiría que el monto de la deuda estatal garantizada llegara hasta 3.5% del PIB, que duplicaría la deuda estatal actualmente registrada en la SHCP y contempla endeudamientos que no reflejan un ejercicio democrático.

De acuerdo con las organizaciones que emiten el comunicado, la iniciativa no contiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y en incumplimiento de la ley.

“Lo anterior sería adecuado, si no fuera por la posibilidad de que en diversas entidades federativas, como se ha revelado en el caso de Puebla, la deuda contratada a efecto de garantizar el pago de proyectos multianuales, pudiera ser inconstitucional” indica el comunicado.

Con su refinanciamiento, en los términos propuestos en la Iniciativa, se convalidarían éstas sin que medie un análisis jurisdiccional sobre su procedencia constitucional, y sin que se haya condicionado su pago a una exhaustiva fiscalización o a procesos de auditoria. Independientemente de su inconstitucionalidad, es probable que el origen de mucha de esta deuda sea irregular, al haberse contratado -seguramente- a costos superiores a los de mercado, mediante mecanismos opacos que confunden la naturaleza de los recursos públicos y evitan su adecuada vigilancia, control y sanción ante eventuales irregularidades.

Añade que, adicionalmente a la violación  que se puede infringir a la Carta Magna al regularizar deudas inconstitucionales, el monto de la deuda estatal se duplicaría.