Por: Oscar Nogueda/

El Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) informó que, en el 2019, el Protocolo “Quédate en México” retornó a 62 mil 144 solicitantes de asilo a territorio mexicano para esperar las resoluciones de sus casos en el país, además destacó que las personas retornadas sufren de secuestros y extorsiones.

Dentro de los solicitantes de asilo devueltos a México, el 42 por ciento son mujeres y el 33 por ciento menores de edad, asimismo existen reportes de 418 personas secuestradas en los estados de Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. Ante este hecho, el IMUMI sostuvo que las personas son plagiadas afuera de los albergues del Instituto Nacional de Migración, así como en estaciones de autobuses y en las ciudades a donde son devueltos los solicitantes.

La personas son retornadas las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras y San Luis Rio Colorado para continuar su proceso de asilo, sin embargo, tiene que presentarse a varias audiencias y el proceso puede durar desde seis meses hasta ocho años. En las listas de espera, se contabiliza 26 mil personas solicitantes de asilo, hasta agosto del 2019; las personas son deportados por ausencia ante una falta a su audiencia.

El protocolo “Quédate en México” es un programa impulsado por el Gobierno de estados Unidos a través del cual los migrantes que solicitan asilo en la frontera con México deberán esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. El 20 de diciembre del 2018, Estados Unidos y México aceptan este protocolo y el 7 de junio del 2019, se formaliza dicho plan como parte del acuerdo binacional para contener el fenómeno migratorio.

Según el IMUMI, esta situación es violatoria de leyes de asilo y protección internacional, así como al debido proceso, representación legal, y al principio de no devolución. Con datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), solo el 1.3 por ciento de los solicitantes cuentan con representación legal en Estados Unidos, mientras que el 39 por ciento de las personas albergadas en México han perdido una cita o más en la Corte norteamericana.

El Gobierno mexicano se comprometió a garantizar empleo, salud y educación a los migrantes solicitantes, no obstante, la mayoría de las personas trabajan en el sector de la construcción o trabajo informal, mientras que los menores de edad reciben instrucción educativa por voluntarios.