• La inhabilitación temporal se tiene que aplicar, en tanto la autoridad competente no realice las investigaciones pertinentes, con independencia de aquellas responsabilidades del orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de las indagatorias.

Por: Redacción/

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas propuso incorporar a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una nueva causal para la inhabilitación temporal de personas físicas o morales, que son proveedores de obras públicas, en caso de que ocurran accidentes en ellas y ocasionen la pérdida de vidas humanas.

Planteó que esta medida se aplique a aquellas personas físicas o empresas que participen, o hayan participado, en la construcción de obras públicas y servicios relacionados con éstas, “donde se susciten hechos que involucren la pérdida de vidas humanas, y que puedan vincularse a los trabajos realizados o servicios provistos”.

Indicó que la inhabilitación temporal se tiene que aplicar, en tanto la autoridad competente no realice las investigaciones pertinentes, con independencia de aquellas responsabilidades del orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de las indagatorias.

Lucero Olivas, senador del PT, dijo que la seguridad en las obras de infraestructura pública es un elemento fundamental, ya que están al servicio de todos los ciudadanos y deben constituirse para perdurar al paso del tiempo.

Consideró que su propuesta preserva el interés público y la seguridad de todas y todos los ciudadanos, además brinda certeza para quienes pueden continuar siendo proveedores del Estado mexicano.

Aclaró que la medida contempla el principio de proporcionalidad y que la inhabilitación se aplicara para los casos graves. Su aplicación tiene una temporalidad definida por la conclusión de las averiguaciones, añadió.

El senador también señaló que la trasparencia y rendición de cuentas son actividades fundamentales que debe llevar a cabo el Estado mexicano, pues la corrupción cuesta vidas y el bienestar de los mexicanos debe estar por encima de intereses de políticos y contratistas.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República.