Por: Redacción/

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes solicitó a la Junta de Coordinación Política proponga al Pleno del Senado la creación de una Comisión Especial de Investigación que dé seguimiento a los presuntos desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que presuntamente están involucradas dependencias federales, organismos e instituciones públicas estatales, así como una serie de empresas privadas.

Mediante un punto de acuerdo, la legisladora de Morena también planteó la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, para que informen sobre los presuntos desvíos de recursos en las dependencias a su cargo, mismos que han sido detectados por la ASF.

Del mismo modo, pidió que se cite a una reunión de trabajo al auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, a efecto de conocer a detalle las acciones emprendidas por la institución a su cargo en torno al presunto desvío de recursos detectados en diversas dependencias federales.

También, al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; a Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública; al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz; al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, así como al encargado de despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La senadora explicó que, en caso de aprobarse su propuesta, los funcionarios deberán presentarse ante las comisiones ordinarias correspondientes del Senado o con la Comisión Especial para que informen respecto a este tema.

En el exhorto se menciona que a pesar de la variedad de sus modalidades, el sofisticado artilugio de corrupción tiene un común denominador: beneficiar a la plutocracia a costa de las personas más pobres del país.

Guadalupe Covarrubias precisó que sin ánimos de convertir al Senado de la República en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, es necesario que “la LXIV Legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos”.

El punto de acuerdo, suscrito también por el senador Ricardo Monreal Ávila, se turnó a la Comisión de Justicia.