Por: Redacción 

Proteger las políticas sociales es prioritario no sólo para la recuperación económica, sino para alcanzar un desarrollo social más equitativo, afirmó el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

En cualquier estrategia económica de desarrollo, abundó, las reformas deben poner la seguridad social al centro, la cual no puede ser vista sólo desde la perspectiva financiera. Ese sistema debe asegurar a los trabajadores asalariados, independientes, no asalariados y a los adultos mayores; debe proporcionar servicios médicos y acceso a la seguridad social.

“Es necesario recuperar las mejores acciones del bienestar que se construyeron en el siglo XX”, puntualizó.

Al participar en el seminario “Los grandes problemas de México”, realizado en la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, organizado por la UNAM y El Colegio de México, Lomelí Vanegas resaltó que, en la materia, nuestro país ha avanzado.

Hemos pasado de la creación del IMSS y del ISSSTE al establecimiento del sistema de seguro popular y el programa de atención a adultos mayores. También se ha formulado la estrategia nacional de inclusión que brinda atención médica y seguridad social a millones de estudiantes y da cobertura médica, a través del programa IMSS Prospera, a indígenas y campesinos marginados sin protección social.

“Empero, las características estructurales en la economía y el concepto de la seguridad social han condicionado las capacidades públicas para estimular el desarrollo, afectando sus resultados”.

Actualmente, según cifras del INEGI, de los 53.5 millones de mexicanos en edad de pertenecer a la población económicamente activa, 51.4 millones tienen algún tipo de empleo, es decir, 96 por ciento; sin embargo, 29.4 millones trabajan en el sector informal, lo que implica que carecen de seguridad social.

Casi 60 por ciento del mercado laboral mexicano está en el sector informal, lo que puntualiza la urgencia de un sistema de seguridad social universal e integral que cubra a toda la población, y no sólo a los trabajadores, afirmó el secretario General de la UNAM.

Además, los trabajadores activos financian los pagos de los pensionados, y en materia de seguridad social uno de los principales desafíos es la proporción entre ambos sectores: en 1943, cuando iniciaba el sistema de jubilaciones en México, había 26 trabajadores por cada jubilado, mientras que para 2035 se proyectan dos trabajadores por jubilado.

En 2050, señaló Lomelí Vanegas, la población de adultos mayores representará el 21.5 por ciento de la población, lo cual generará retos importantes para las políticas públicas; en particular, tendrá gran impacto sobre los sistemas de pensiones que se verán en serios aprietos financieros.

Alida Marcela Gutiérrez Landeros, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), recordó que la Constitución y la Ley General de Desarrollo Social establecen derechos relativos a educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda, trabajo, medio ambiente sano y a la no discriminación.

“Se necesitaba un organismo regulador que diera seguimiento y evaluación a ese derecho social y así surgió esa instancia”, opinó la experta y agregó que las políticas públicas deberían enfocarse en ubicar a toda la población en el cuadrante donde no hay carencias, o donde existe un nivel adecuado de bienestar económico.

Enrique Minor, también integrante del CONEVAL, aseguró que el acceso a la seguridad social se da, en primera instancia, a través del mercado de trabajo, en aquellos ocupados que tienen prestaciones mínimas (al acceso a un sistema de ahorro para el retiro, servicios de salud y pensión en caso de accidente).

Hasta 2014, 46.2 por ciento de la población vivía en condición de pobreza, y 9.5 por ciento, de pobreza extrema. En general, la carencia más fuerte que se registra es la del acceso a la seguridad social en todas las entidades federativas, en cualquier corte de población, con alrededor del 58.5 por ciento. Pero si no existiera la pobreza podría caer hasta cinco puntos porcentuales.

En la inauguración del seminario, Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, destacó la apertura de este espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes problemas del país, el cual “se debe cuidar y mantener”.